Orain presoak

Joseba Azkarraga, Iñaki Lasagabaster I Sare

Hoy sábado, 11 de enero, celebraremos nuevamente la manifestación en la que reclamamos los derechos de los presos y presas vascos. Ya hace 8 años que ETA tomó la decisión de poner fin a su actividad, y año y medio de su disolución, tiempo este que se podría entender como punto de arranque de una nueva fase política en la que, entre otras cosas, la política penitenciaria tenía que haber adoptado otras formas. No ha sido así. Los derechos de los vascos y vascas en prisiones españolas se siguen viendo conculcados, al igual que el de sus familiares, especialmente de las personas mayores de edad y de los menores, estos últimos de manera acentuada, al verse obligados a recorrer, en muchos casos, más de 2.000 km, para visitar a sus aitas o amas, o a ambos, durante no más de 40 minutos.

La situación es consecuencia de una política de alejamiento, que no de dispersión. Si fuera necesario, hipotéticamente, la dispersión, no requiere el alejamiento, como es obvio. Esta política de alejamiento es contraria a la legislación en vigor, a las resoluciones dictadas en el ámbito de la ONU y del Consejo de Europa, y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este Tribunal señalaba en su última sentencia que la política de alejamiento no podía encontrar ninguna justificación una vez desaparecida ETA. A pesar de ello se siguen produciendo hechos que no encuentran explicación jurídica y tampoco política. ¿Cómo es posible que a los miembros del colectivo de abogados Arantza Zulueta y Jon Enparatza se les haya asignado como centro de cumplimiento de condena las prisiones de Picassent en Valencia y de Estremera en Madrid. Quién ha adoptado esa decisión y con qué cobertura jurídica? Pero es conocido que los casos de Zulueta y Enparantza son dos entre más de 200 que sufren esta vulneración de derechos.

El cambio de Gobierno no ha afectado a esta política, lo que significa que se siguen violando los derechos de los presos y presas vascos. No se olvide que no se está ante una cuestión referida solamente como «política», sino de «política de derechos humanos». Desde nuestra perspectiva es incompresible esta situación en un Estado autodenominado democrático.

Si ampliamos el análisis comprobamos que los derechos de los presos y presas vascos gravemente enfermos también son negados. La Administración penitenciaria española, el Gobierno, olvida algo fundamental: la prisión no es para reducir la esperanza de vida de los internos. Las personas en prisión tienen los mismos derechos que las personas que están en libertad. Tienen derecho a recibir el tratamiento médico que necesiten. Y tienen también derecho a ser puestas en libertad condicional cuando padecen enfermedades… En lugar de reconocerles ese derecho, la Administración penitenciaria ha dictado unas instrucciones ilegales, cuyo objetivo fundamental es interpretar de forma restrictiva esos derechos. Se mantiene en prisión a personas enfermas graves, lo que produce un acortamiento de su esperanza de vida. El Derecho no puede perseguir ese objetivo. Al contrario, el Derecho debe garantizar el derecho a la vida de las personas en prisión, cumpliendo la legalidad y dándoles la libertad condicional, porque la libertad condicional puede alargar su esperanza de vida, y el derecho a la vida también lo tienen las personas en prisión.

La acumulación de condenas constituye otro capítulo de violaciones de derechos, que los tribunales españoles han desconocido, evitando sistemáticamente cumplir con su obligación de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este Tribunal debería determinar la forma en que deben reconocerse los años de condena cumplidos en cárceles europeas, con el objetivo de reducir esos períodos de condena de los pendientes de cumplimiento en el Estado español. Sin embargo eso no se hace, es más, se impide. La función de los tribunales es garantizar los derechos de las personas, hayan hecho lo que hayan hecho. Sin embargo, los tribunales se han convertido en defensores de la política del Gobierno, sin atender a los derechos de la ciudadanía. Es más, se han convertido en militantes de la política gubernamental. ¿Cómo entender que en la AN por 11 votos contra 9 se decida preguntar qué derechos corresponden a los presos y presas vascos? Y que se haga además con el argumento de que la interpretación es «clara». ¿Cómo puede defenderse que la interpretación está clara si votan 11 contra 9? Hay que recordar en este caso que el presidente del Tribunal era el actual ministro de Interior Grande Marlaska.

Desde SARE entendemos que los presos y presas vascos ya han cumplido suficientes años de prisión y los demás requisitos que el ordenamiento jurídico requiere para ser puestos en libertad y para que se respete sus derechos como personas internas en prisión. La Europa de los Derechos Humanos no puede olvidarse de esta situación. Los derechos se reconocen a todas las personas, también a las internas en prisión, que siguen siendo personas. Igual que a sus familiares. La política sin embargo va más allá de la ley, plantea exigencias que la ley no recoge, y utiliza los derechos de los presos y presas vascos como moneda de cambio. Es más, se intenta que sus derechos se vean condicionados aun estando ya en libertad después de haber cumplido largos años de condena.

Los presos y presas vascos reconocieron el daño causado y no se les puede exigir cumplir requisitos no previstos legalmente para garantizar sus derechos. Sorprende que en los informes de algunas instituciones públicas se hable de política penitenciaria y no se dedique ni una frase a los derechos de los presos y presas vascos. Se esconden los derechos dentro de la palabra política, olvidando que los derechos son de las personas, que la política no puede obviarlos, y que quien así actúa es responsable de su violación.
Consideramos que recurrir al ámbito internacional, dar a conocer esta situación, es una necesidad, porque hay que poner al Estado español, ante el espejo de la política judicial europea y del mundo. Este ha sido recientemente el objetivo de la presentación ante la ONU de un informe sobre lo que consideramos vulneración de derechos del Estado español, y así lo seguiremos haciendo.

Y ¿por qué no ir pensando en la celebración de un Congreso Internacional en Euskal Herria, donde tratemos en profundidad esta cuestión y de esta forma, trasladar a las autoridades europeas e internacionales la situación que en materia de derechos fundamentales se está viviendo en el Estado Español?

Debemos ir pensando en ello. Mientras tanto, nuestro reto más próximo es llenar las calles de Baiona y Bilbo, de decenas de miles de personas, exigiendo algo tan sencillo como el respeto de los derechos humanos, también los de las presas y presos vascos.

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