Presupuestos del Gobierno Vasco para 2021:: Rácanos y continuistas

Movimiento de Pensionistas de la CAV

Los presupuestos tienen dos partes, la parte del gasto y la parte de los ingresos. Esta última es la que determina la primera. El proyecto de presupuestos está condicionado por dos factores fundamentales:

La fiscalidad determina los ingresos. Se ha optado por una fiscalidad desconectada del gasto al que va destinada. Se renuncia a una reforma integral en beneficio de la sociedad en su conjunto y sus necesidades. En la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) la presión fiscal (impuestos y cotizaciones) es un 6,5% del PIB inferior a la media de la UE; si se igualara dicha presión fiscal la hacienda de la CAV dispondría de 4.800 millones de euro más. Pero además del problema de la presión fiscal, en su conjunto es injusta y desigual. En los últimos 10 años, según datos del EUSTAT, en Euskadi la recaudación procedente de las rentas del trabajo se ha incrementado un 18% mientras que la contribución de las rentas empresariales, profesionales y de capital se han reducido un 38,3%.

La Regla de Gasto derivada de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria (LOEPSF) aplicada por primera vez en el ejercicio 2013. Pues bien, aunque esta regla de gasto ha sido flexibilizada de manera provisional por Bruselas para 2020 y 2021, los presupuestos del 2021 fijan como objetivo de déficit el 2,2% del PIB según acuerdo entre el Estado y Comisión Mixta del Concierto (para el año 2019 la regla de gasto se fijó en el 2,7%).

Con estos antecedentes el presupuesto es un presupuesto rácano y continuista y no servirá para garantizar las condiciones de vida en sintonía con la riqueza que producimos. Como consecuencia, el presupuesto de la CAV para 2021 dispondrá de 12.442 millones de euros (un 5,7% más que los de 2020, que suponen 668,4 M/€); la CAV deberá endeudarse para conseguir los 2.552 M/€ que, entre otros, cubran los déficits de la recaudación de 864 M/€, 748 M/€ para amortización de deuda y los 542 millones de euros de las medidas anti Covid19 del Gobierno.

Si tenemos en cuenta que la demanda doméstica disminuye un 8,8% debido a la disminución de los ingresos, y que el gasto público sólo se incrementa en un 3,1% para 2020 y en un 1,5% para 2021, las expectativas de mantenimiento y mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población no están en absoluto garantizadas.

Un año más nos venden como el presupuesto más social de la historia afirmando que el gasto social alcanza el 59,9% del total del gasto, pero en ese ranking, el presupuesto del 2019 ya alcanzó el 77,9%. Se dice que la partida destinada a sanidad se incrementa un 32,1% (236 M/€), pero no se dice que en 2009 a sanidad se destinaba el 5,39% del PIB y que en 2020 se queda en el 4,78%, (501 millones de euros menos que dejan en ridículo los 236 M/€ más previstos para 2021). Entretanto, en Europa se destina a sanidad el 7% del PIB.

En esta situación de crisis, la RGI (justo cuando más necesaria se hace), ni recupera los recortes habidos en relación a la Ley de 2008 (11,9%) ni mejora su ámbito asistencial para incluir las necesidades reales. La subida prevista en los presupuestos de 2021 es un raquítico e inaceptable 1,8%.

Los pronunciamientos que afirman que en estos presupuestos no hay recortes, no son ciertos: Estos presupuestos no compensan los recortes habidos en años anteriores; no dan respuesta a la pérdida de ingresos de la mayoría de la población; no son suficientes para hacer frente con solvencia a la crisis sanitaria ni a sus efectos. De hecho, el porcentaje del PIB destinado a ayudas directas es prácticamente inexistente y la mayor parte de las ayudas COVID19 son en forma de apoyo financiero para la obtención de créditos; se sigue la estela, a la baja, del gobierno del Estado que dedica el 3,6% del PIB a ayudas directas cuando la media de la UE dedica el 10% (FMI).

Por todo ello demandamos a los partidos que forman parte del Parlamento de la CAV que tomen nota de lo que estamos demandando desde hace más de tres años de movilizaciones continuadas y pongan la vida y las personas por delante de los intereses de los más poderosos.

1080 euros, pensión pública mínima que reivindica el MPB I Foto: Ecuador Etxea

Respecto a las pensiones demandamos habilitar una partida presupuestaria para complementar la pensión mínima hasta los 1080 euros.

Servicios socio sanitarios. Planteamos un plan de choque interinstitucional (Gobierno de la CAV, DDFF y Ayuntamientos) elaborado con la participación de personas usuarias, trabajadoras, familiares de usuarias y pensionistas con el objetivo de: garantizar una atención de calidad colectiva e individual, pública y universal, para las personas usuarias de los servicios; recursos de personal suficientes en sintonía con las reivindicaciones sindicales, de usuarios y familiares; dotación de las medidas preventivas necesarias para evitar los contagios, medios materiales, formación del personal, adecuación de espacios y garantía de asistencia sanitaria y relación familiar; mejora y ampliación de la cartera de servicios. Dejar sin efecto los recortes habidos tras la promulgación de la Ley de Dependencia 39/2006; impulso a la creación de una red pública universal; información completa, veraz y objetiva para hacer un diagnóstico de la situación real del sistema de atención a la dependencia y hacer una auditoria del coste de las privatizaciones de servicios públicos y su publificación; garantizar por Ley de Parlamento de la CAV los servicios socio-sanitarios de atención a la dependencia, sus prestaciones y la participación social en el diseño y evaluación de las mismas.

Sanidad. Mascarillas incluidas en la tarjeta sanitaria; devolución de oficio del copago farmacéutico modificando la Orden de 31 de Diciembre de 2011 del Gobierno de la CAV; dejar sin efecto el copago de aquellos medicamentos especialmente necesarios para las personas mayores por prescripción facultativa, dejando sin efecto el real decreto ley 16/2012 y otros anteriores; revertir los recortes habidos e incrementar el gasto sanitario hasta equipararnos con la media de la UE en porcentaje del PIB incorporando más personal y dotando de centros hospitalarios o de atención primaria a las zonas deficitarias; evaluación y control social de las políticas sanitarias

Fiscalidad. Demandamos el compromiso impostergable de una reforma fiscal adecuada a la generación de recursos para superar la actual crisis, basada en la equidad fiscal y la eliminación del fraude fiscal, los paraísos fiscales y la economía sumergida.

Equidad de género. Complementar la Pensión de Viudedad hasta el 100% (en el caso de única percepción de ingresos) y, como mínimo 1080 euros; analizar el impacto de género de los años de cotización necesarios para acceder a una pensión contributiva y para llegar al 100% de la pensión.

Empleo y protección social.  Establecer para todas las personas trabajadoras de la administración y empresas contratadas para la realización de obras y servicios un SMI de 1200 euros e impulsar su ampliación al resto de sectores.

Apoyamos las reivindicaciones de organizaciones sociales y sindicales para garantizar ingresos de suficiencia en la RGI. Según la Encuesta de pobreza de Euskadi del año 2018, 172.307 personas (el 8% de la población) vivían ya en riesgo de pobreza (Encuesta Pobreza 2018).

La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) para familias en situación de pobreza y precariedad desde hace nueve años sufre un recorte que se repetirá de nuevo para el 2021 y se verá disminuida en un 28% respecto a lo que por la ley 18/2008 le corresponde. Para una persona la cuantía se establece en 706,22€. Si se aplicara la Ley que regula la RGI para este año su cuantía debería ser de 975 euros.

El recorte para el complemento de la pensión será para el 2021 aún mayor, con una bajada de 304 euros al mes. El tijeretazo afectará al 24% de las unidades de convivencia que perciben este subsidio, que son 12.944 familias, de las que 8.044 son mujeres, principalmente viudas. Hay que tener en cuenta, además, que 216.000 pensionistas perciben una pensión inferior al umbral de la pobreza.

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