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El Alcalde de Leioa, Iban Rodríguez (PNV), ha impuesto no menos de una docena de sanciones por un valor de más de 2.700 euros a una decena de personas por colocar carteles o anunciar movilizaciones en contra del cierre de la salida de la Avanzada hacia los barrios del municipio en dirección a Bilbao y en favor de los derechos de las mujeres el 8 de Marzo.
La mayor parte de las sanciones tienen que ver con las movilizaciones llevadas a cabo por Barrios Conectados Leioa en contra de la propuesta de la Diputación Foral de Bizkaia (DFB), asumida sin debate ni contraste alguno con el vecindario y las diversas asociaciones vecinales de los barrios más afectados por la intención de cerrar una de las salidas del tronco de la Avanzada hacia los barrios del centro del municipio que sirve también como conexión con Lamiako y su zona industrial. Tampoco el proyecto fue planteado a debate en la propia corporación municipal, a pesar de que PNV y PSE cuentan con mayoría absoluta (13 de 21 concejales) que les garantizaba su apoyo acrítico al proyecto foral.
Fue gracia a las abundantes y masivas movilizaciones vecinales como se consiguió parar el proyecto defendido a pies juntillas por el Gobierno de la Diputación foral (PNV-PSE) y mansamente asumido por el de nuestro municipio, también formado por miembros del PNV y PSE. Movilizaciones que fueron dadas a conocer gracias a la labor de propaganda llevada a cabo por las personas sancionadas por el Ayuntamiento.
Identificación y sanciones contra mujeres de la red feminista de Leioa
También el pasado 6 de marzo agentes de la Policía local identificaron a tres mujeres de la red feminista de Leioa. Dos de ellas fueron identificadas tras poner un único cartel en el Bulevar de Udondo anunciando una movilización el 8 de Marzo en Leioa con motivo del Día Internacional de la Mujer.
La tercera fue identificada por una patrulla de la Policía local al poco de salir de su domicilio, sin tan siquiera haber colocado un solo cartel. La claramente ilegal actuación de los agentes provocó incluso la caida de una vecina de edad avanzada que fue socorrida no por los agentes de la Policía Local sino por la propia vecina identificada y su pareja.
Deriva autoritaria y contra los derechos civiles y políticos del Gobierno local
El Gobierno local (PNV-PSE), ha implementado unas prácticas de persecución contra aquellas personas y movimientos que se han destacado por su oposición a las políticas de la Diputación Foral en el caso del proyecto de la Avanzada y de quienes más allá de una simbólica concentración el 8 de Marzo, vienen reclamando políticas efectivas para hacer frente a las desigualdades estructurales y las agresiones que sufren las mujeres, también en nuestro municipio.
Otra de las obsesiones del Gobierno local es perseguir a quienes reclaman los derechos de los presos vascos o defienden el derecho de autodeterminación y la independencia de Euskal Herria.
Esta deriva autoritaria del Gobierno local es claramente contraria a los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, y pretende acallar las voces de quienes son contrarios a los proyectos defendidos por el PNV y PSE, proyectos, muchos de ellos, que cuentan con un amplio rechazo entre la población leioaztarra.
El próximo jueves, esas seis personas tendrán que comparecer en el juicio que se llevará a cabo en la Audiencia Provincial de Bilbao en contra de dichas sanciones. Los sancionados por el alcalde del PNV han puesto de relieve todo tipo de irregularidades y que los expedientes sancionadores no se han ajustado a derecho. Se da el caso, incluso, de que es el propio alcalde del PNV, Iban Rodríguez, el que toma la decisión de sancionar a estas personas cuando, según la Ordenanza municipal que se les aplica, debiera haber sido el Gobierno local quien tomase dicha decisión.
Es hora de mostrar nuestra solidaridad con las personas afectadas. Porque, gracias también a ellas, la Diputación Foral y el propio Gobierno local tuvieron que modificar su propuesta inicial para la Avanzada y la denuncia de las desigualdades y agresiones que sufren las mujeres cuentan con el más amplio rechazo de la población leioaztarra.
Es hora de defender los derechos de estos vecinos y vecinas a realizar su labor social y política sin por ello ser perseguidos ni multados.
