El Supremo ordena juzgar de nuevo a Otegi y sus compañeros del ‘caso Bateragune’

El Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad que se juzgue de nuevo a Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez por el ‘caso Bateragune’ en la Audiencia Nacional española. Es la primera vez que se repite un juicio anulado por Estrasburgo.

En una decisión sin precedentes, el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo español ha decidido por unanimidad que se juzgue de nuevo a los cinco de Bateragune en la Audiencia Nacional, por el que ya cumplieron condenas de 31 años de cárcel en total.

La decisión se ha tomado con suma rapidez, ya que los dieciséis magistrados se han reunido esta misma mañana, y en coincidencia con el criterio de la Fiscalía del Supremo, que al contrario que la de la Audiencia Nacional se posicionó a favor de repetir el proceso.

Los jueces han anunciado haber tomado la decisión de repetir el juicio «en cumplimiento del art. 4.2 del protocolo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que excluye la prohibición de doble enjuiciamiento en supuestos como el que ahora se resuelve». Afirman que también se fundamenta «en los precedentes de la propia jurisprudencia de la Sala».

Esta es la primera vez que se repite un juicio anulado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde que en 2015 se legisló cómo aplicar las sentencias, y después de que el propio Supremo cerrara el caso en cumplimiento de la sentencia de Estrasburgo que dictaminó que Otegi y sus compañeros no tuvieron un juicio justo. Pero el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, en setiembre pasado, pidió una revisión de la causa y solicitó a las partes que se posicionaran, abriendo así la puerta a un nuevo juicio. Y la Fiscalía del Supremo, de forma sorprendente, apostó a favor de la repetición.

Los razonamientos jurídicos de la sentencia, de la que es ponente el magistrado Miguel Colmenero, se conocerán más adelante.

Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Arkaitz Rodríguez, Sonia Jacinto y Miren Zabaleta purgaron hasta el último día las condenas de entre seis años y seis años y medio que les impusieron acusándoles de ser miembros de ETA, acusación que los procesados siempre negaron y defendieron que se les juzgaba por promover una solución política y democrática al conflicto político vasco.

Reacciones de los injustamente condenados

El primero en reaccionar tras conocerse la decisión de la sala del Supremo español fue Arnaldo Otegi, que difundió un twitt en el que manifestaba que «¡Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar! Sonríe, ganaremos.»

Siguiendo los pasos de Otegi, Miren Zabaleta difundió un mensaje en el que afirmaba: «Luchar, vencer, caerse, levantarse. La paz, la justicia y la democracia merecían y merecen siempre». Por su parte, el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, realizaba una lectura más política manifestando que «12 años después de nuestra detención, tras haber pasado en la cárcel 6 años de forma absolutamente injusta e ilegal, tras una anulación europea y sin que siquiera exista ya esa organización, han decidido volver a juzgarnos por pertenencia a ETA. ¿Democracia? ¿Qué democracia?»

Los partidos de ámbito vasco rechazan la decisión, los de ámbito estatal entre no pronunciarse y celebrarlo y pedir la ilegalización de EH Bildu

Tras la decisión del Tribunal Supremo de volver a enjuiciar a los cinco de Bateragune, han sido abundantes las reacciones políticas, sindicales y de movimientos sociales generadas.

Entre los que han mostrado su apoyo a los encausados se encuentran el Lehendakari Ibarretxe y el President de Catalunya Carles Puigdemont. Ibarretxe difundió un breve twuitt con una única expresión: «vergüenza». Por su parte, Puigemont ha calificado la decisión como «una burla a Europa. Una venganza carente de todo rastro de justicia. Una nueva muestra de descrédito del Estado español, que camina sin pausa hacia los confines del Estado de Derecho europeo

El PNV ha recibido «con desagradable sorpresa y profunda contrariedad» la decisión del Supremo, manifestando que «pone en flagrante cuestionamiento el principio de seguridad jurídica que consagra la Constitución Española». Para el PNV «urge más que nunca que la Administración de Justicia española acometa una profunda renovación de sus estructuras, funcionamiento y criterios de selección para equiparar sus actuaciones a los estándares procesales europeos en defensa de los Derechos Humanos.»

En opinión de Eusko Alkartasuna (EA), la decisión muestra el «impulso político» que existe detrás de la decisión. Insta EA al Gobierno de PSOE y Podemos a posicionarse contra la medida del Supremo y a reflexionar qué pasos adelante hay que dar «para cerrar la etapa que la sociedad vasca nunca debió sufrir y centrarse en abordar sus consecuencias en profundidad».

Isabel Salud, coordinadora de Ezker Anitza-IU ha criticado duramente la decisión del Tribunal Supremo. Según ha manifestado, «ninguna persona puede ser juzgada dos veces por la misma causa, mucho menos cuando se ha cumplido el total de la condena». Según Salud, la derecha del Estado español mantiene «mayorías antidemocráticas» en los juzgados, y con ellas quiere «hacer política», como en este caso.

ERC, por su parte, publicó un twiit en el que afirma que «la represión del Estado español no tiene fin. Continuaremos firmes en la defensa de la democracia, la libertad y la independencia de nuestros pueblos. Todo el apoyo a Arnaldo Otegi y compañeros. Gora Euskal Herria askatuta!» También la CUP, mediante otro twitt, reivindicó la libertad de Arnaldo Otegi, al tiempo que manifestaba que «una vez más el Estado español no se caracteriza por su democraci ni su justicia» con la decisión de volver a juzgar a Arnaldo Otegi «por unos hechos por los que ya ha cumplido una condena».

En cuanto a los partdios estatales, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos ha manifestado que EH Bildu, como partido, está al «al margen de las responsabilidades de Arnaldo Otegi». No obstante, ha evitado opinar sobre la decisión del Tribunal Supremo. «Una cosa es la cuestión personal, y otras las que tengan que ver con su partido, si el partido acepta la legalidad y la respeta», ha manifestado Ábalos.

El secretario general del PP, García Egea, ha manifestado que su partido espera en este caso «que caiga todo el peso de la justicia en el señor Otegi» y que el Gobierno dirigido por Pedro Sánchez «no maniobre» mediante la Fiscalía General del Estado. Vox ha celebrado la decisión del Tribunal Supremo y ha vuelto ha solicitar la ilegalización de EH Bildu.

Sindicatos y movimientos sociales

LAB ha denunciado la decisión del Tribunal Supremo y ha pedido terminar con todos los juicios políticos. En palabras del sindicato, el Estado español sigue utilizando la justicia «de forma injusta» y sigue violando injustamente los derechos civiles y políticos permanentemente.

«El Estado no está dispuesto a «entrar en un proceso democrático que implique cambios. Si encarcelar y castigar a cinco personas por poner al pueblo en el camino de la paz fue una barbarie, es un disparate político y jurídico volver a juzgarlos. Es un escándalo».

En opinión de ELA, la decisión del Tribunal Supremo «es un sinsentido judicial y responde solo a razones políticas». El sindicato ha manifestado que la decisión tiene dos objetivos: «Por un lado, impedir la homologación institucional de la Izquierda Abertzale y otras organizaciones soberanistas del estado. Por otro, desgastar a la alianza política que sostiene el Gobierno del estado. ELA espera que la movilización social y la acción política y judicial «impida que esta decisión política del Tribunal alcance su objetivo». ELA exige, asimismo, que los parlamentos y gobiernos de Gasteiz e Iruña amparen a estos cinco conciudadanos.

CCOO ha mostrado «respeto» por la decisión del Tribunal Supremo pero no comparte el criterio del tribunal. En opinión de este sindicato, volver a juzgar el caso «no es el modo de reparar un proceso que Estrasburgo declaró ilegal», y además, «no respeta la decisión de los procesados de no repetir el juicio». Además, a subrayado que a su juicio la decisión del Supremo volverá a «hundir» la imagen de la justicia española con un juicio que puede suponer una nueva condena.

Desde los movimientos sociales, Gure Esku ha afirmado que «es inadmisible que el Estado español esté dispuesto a retorcer de esta manera las leyes para obstaculizar la normalización política».  Según ha dado a conocer mediante Twitter, «no van a parar la voluntad que ha mostrado este país de avanzar en la paz y la convivencia. Es hora de avanzar y construir el futuro».

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