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La Carta de Derechos Sociales impulsará movilizaciones por unos presupuestos al servicio de la ciudadanía

La Carta Social de Euskal Herria (CSEH) va a iniciar una dinámica de movilizaciones para pedir que los presupuestos de las instituciones se orienten a dar solución a las necesidades de las personas. Las movilizaciones se desarrollarán bajo el lema «¡Repartir la riqueza, garantizar derechos, desarrollar los servicios públicos! ¡Primero la vida!» Según la Carta Social la crisis sanitaria generada por el Covid-19  «ha hecho que aparezcan de forma cada vez más profunda las carencias que tiene este sistema y precarizando las vidas de amplios sectores de la ciudadanía y la clase trabajadora». No obstante, los agentes, sindicatos y colectivos de la economía social transformadora que forman parte de la Carta Social cuestionan el sistema actual: «el que teníamos antes no garantizaba los derechos de todas las personas, y la nueva normalidad de ahora, aún menos».

Reivindican el reparto de la riqueza

A juicio de los integrantes de la Carta Social de Euskal Herria la fiscalidad, en vez de ser un ejercicio abstracto alejado del entendimiento de la ciudadanía, está perfectamente interiorizada en nuestra vida cotidiana. «La clave está en cómo se crea y se distribuye la riqueza. Sí hay riqueza, el problema es que se reparte en beneficio del capital o de las rentas más altas y hay medidas fiscales para repartirlas de forma equilibrada».

Por ello, reivindican que todo el incremento de gasto imprescindible para hacer frente a esta situación y la deuda pública que se generará sea a cargo de las rentas altas, las rentas de capital, el patrimonio y los impuestos sobre los beneficios empresariales. Además, plantean unos presupuestos sociales, participativos y soberanos, porque «necesitamos unos presupuestos que garanticen unos servicios públicos de calidad y la protección social.

Así, la Carta Social realizará un esfuerzo por acercar el modelo de fiscalidad a la ciudadanía a travé sde una mesa redonda el próximo 5 de noviembre. También pretenden acordar las bases para un nuevo modelo de fiscalidad que presentarán en dicho acto.

Cuatro prioridades para garantizar derechos

Los integrantes de la Carta Social no dudan de que la crisis sanitaria ha golpeado de forma cruenta a la ciudadanía que vive en una situación precaria, «evidenciando vulneraciones de derechos que ya existían con anterioridad». Según han manifestado, si no se transforma el modelo socioeconómico «estarán en peligro los derechos sociales básicos de la ciudadanía (vivienda, sanidad, educación, alimentación saludable, energía…). Por eso, han reivindicado un empleo digno y de calidad y han denunciado cualquier intento de destrucción y precarización del empleo: «Cada vez serán más las personas trabajadoras y/o pensionistas que no puedan garantizar una vida digna, con las mujeres y las personas jóvenes en una situación todavía peor».

Por eso, han reivindicado las medidas planteadas en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra la pobreza y la exclusión social (RGI y UE al 100% del salario mínimo y el derecho a la vivienda. También han puesto encima de la mesa la necesidad de una pensión mínima de 1080 euros y un salario mínimo de 1200 euros y una jornada máxima de 35 horas semanales, además de la regularización de todas las personas que trabajan en situación administrativa irregular y en la economía sumergida.

Necesidad de desarrollar los servicios públicos

La Carta Social de Euskal Herria ha recordado la lucha que desde el inicio del curso están llevando a cabo las plantillas de sanidad, educación, residencias de ancianos, servicios subcontratados y servicios sociales. A juicio de la Carta Social «es imprescindible el fortalecimiento y desarrollo de los servicios públicos para garantizar sus derechos a toda la ciudadanía». Para ello, sin embargo, «hay que cambiar radicalmente el rumbo de las políticas públicas actuales, situando a las personas en el centro y abriendo las puertas al camino para cambiar estructuralmente el modelo socio-productivo», han manifestado.

En esa línea, han reivindicado el desarrollo de los servicios públicos, garantizando la publificación inmediata de las tareas de cuidado (residencias de ancianos, centros de día, asociaciones residenciales para personas con diversidad funcional, residencias de menores y servicios a domicilio), servicios que trabajan para la sanidad pública, servicios subcontratados por las administraciones públicas (monitores de limpieza, educación, educadores de comedores…) y servicios de ambulancias, subrogarción de todo el personal y un procedimiento excepcional de consolidación, equiparando las condiciones laborales de estos ámbitos a las del empleo público. Junto a lo anterior, piden crear 10.000 puestos de trabajo por parte de las administraciones para garantizar un sistema de cuidados de calidad, público, universal y gratuito, que modifique el modelo de cuidados y garantice la custodia desde el nacimiento hasta el final de la vida.

Dinámica movilizadora en todas las provincias

«Los presupuestos son una herramienta imprescindible» para incidir en todo lo anterior, y por ello, van a poner en marcha una dinámica de movilización, en la que realizarán propuestas para que los presupuestos «estén condicionados por las necesidades de las personas».

Dentro de esa dinámica han planteado la interpelar a las instituciones, para lo que pedirán reuniones a los Gobiernos de Navarra y la CAV para hacer propuestas concretas sobre los presupuestos. Junto a ello, el 19 y 26 de noviembre llevarán a cabo distintas iniciativas, y el 28 de noviembre llevarán a cabo una manifestación en Iruñea.

En diciembre continuará la dinámica movilizadora de la Carta Social, y se llevarán a cabo sendas manifestaciones en Bilbao, Donostia y Gasteiz. el 13 de diciembre, además de impulsar distintas iniciativas en cada uno de los territorios.

Asimismo, han hecho un llamamiento a la participación en las manifestaciones de este 31 de octubre en Bilbao, Donostia, Gasteiz y Pamplona, en colaboración con el movimiento de pensionistas. «La situación que se vive en las residencias deja claro que este modelo no funciona y que cambiarlo es imprescindible. Estaremos presentes para reivindicar un sistema público, universal y gratuito de cuidados.

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