La Red Ciudadana Sare y el Centro de Estudios Jurídicos Ikasmira de la UPV/EHU han presentado un Informe sobre el tratamiento de excepción “que vulnera los derechos de los y las presas vascas”, según han afirmado, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que este año examina, entre otros, al Estado Español.
Este informe, que cuenta con el apoyo de diferentes personalidades del ámbito de la política; del sindicalismo; de la cultura; de la universidad y del derecho, como son los ex-lehendakaris Garaikoetxea e Ibarretxe; la magistrada Garbiñe Biurrun; el filósofo Javier Sadaba; la escritora Arantza Amezaga, etc. recoge «la vulneración de derechos que ejerce el Estado español con su actual política penitenciaria”, según ha informado Sare.
En la rueda de prensa que hoy han organizado la Red Ciudadana Sare e Ikasmirak, que ha contado con la participación y adhesión de varias personalidades de la cultura, política, jurisprudencia, etc., los portavoces de Sare, Joseba Azkarraga y Bego Atxa, así cómo el abogado y catedrático de derecho de la UPV/EHU Iñaki Lasagabaster, han presentado el informe sobre la situación actual que 203 presos y presas vascas viven en las prisiones del Estado español, en la que han repasado la “vulneración de derecho que supone la ley de excepción que se les aplica a estos/as presos/as”.
El informe se ha presentado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, encargado de revisar la situación de los Derechos Humanos en los países miembro. Cada país se somete a este examen periódico cada cinco años, siendo este octubre/noviembre el turno del Estado Español.
Tres solicitudes a dirigir al Gobierno español
El Informe de Sare e Ikasmirak plantea tres solicitudes a remitir al Gobierno español: solicitud de adecuar su política penitenciaria «de asignación de centros de cumplimiento de condena a las resoluciones dictadas en esta materia por la ONU y por el Consejo de Europa, en especial realizando el acercamiento de las personas en prisión a a centros de cumplimiento de condena próximos a su lugar de residencia», requerimiento para realizar «una interpretación acorde con el principio de legalidad penal facilitando que las personas enfermas en situación de peligro patente para su vida sean puestas en libertad condicional» y, por último, comunicarle la «necesidad y obligación de acomodar la legislación (…) para lograr la acumulación de condenas cumplidas en otros Estados europeos a las pendientes de cumplimiento en España, tal y como inicialmente estableció la sentencia del Tribunal Supremo 186/2014 (apdo. 27.b)».
