Derecho a la salud, urgencia en las prisiones

Urtzi Errazkin, Patricia Vélez I Etxerat

En estos momentos, nuestra propia salud y seguridad y la de las personas a las que queremos son nuestra prioridad. Al miedo, la incertidumbre, la inseguridad y el sufrimiento sumamos las tensiones, las dificultades y las consecuencias de una medida tan antinatural para la persona como es el confinamiento. El mayor de todos es la prisión.

En prisión la situación es muy diferente. Las personas encarceladas no tienen acceso a las medidas y protocolos de prevención que el resto tenemos a nuestro alcance. No pretendemos despertar el alarmismo, sino la conciencia sobre una situación de la que la mayoría de la población no es consciente.

Hablamos de un entorno caracterizado por el hacinamiento y los espacios reducidos y cerrados, con poca o ninguna ventilación. Las posibilidades de higiene y limpieza son limitadas y las de acceder a las medidas de prevención y protección, como ya hemos dicho, prácticamente nulas. Hablamos de una población debilitada en general por las condiciones del encierro y de una alimentación deficiente, propensa a los contagios.

Todas las personas encarceladas tienen derecho a acceder a las mismas medidas de prevención y protección que las personas que estamos en la calle. Se trata del derecho a la salud, y del derecho a la vida, derechos que deben priorizar sobre todos los demás.

Tal como apuntaba la OMS, las personas presas tienen el mismo derecho a la salud que las que estamos en la calle, y, en su caso, es el Estado el garante de su integridad y de su vida. En cuanto a las medidas que se tomen para evitar posibles contagios, no pueden, de ninguna manera, limitar o anular los ya de por sí limitados derechos de presas y presos.

La necesidad de abordar la situación de estos presos con la urgencia y responsabilidad debida ha quedado reflejada en el primer fallecimiento en prisión a causa del covid-19 del que hemos tenido noticia. Se trata de una presa de 78 años, con pluripatología. Hacemos un llamamiento urgente a las autoridades españolas y francesas a abordar la situación de estas personas con la diligencia y la humanidad que exigen las actuales circunstancias.

La noticia reciente de que Francia pondrá en libertad a cerca de 5.000 presos entre los que se encuentran los que padecen graves problemas de salud, es, sin duda, una buena noticia. Sin embargo, la ministra francesa de Justicia, Nicole Belloubet, ya se ha encargado de descartar que vayan a liberar a los presos políticos vascos. Jakes Esnal, Gurutz Maiza Artola, Josu Urrutikoetxea, Jon Parot y Xistor Haramboure, suman cada uno de ellos más de 65 años de edad, y tres de ellos, Maiza, Haramboure y Urrutikoetxea, padecen patologías severas.

Compartimos con Bake Bidea la denuncia de una decisión discriminatoria para con los presos vascos, a quienes no se les aplicarán sus derechos como a otros, toda vez que esta contradice los términos de la hoja de ruta de la delegación vasca compartida por el Ministerio de Justicia.

Resulta muy difícil trazar un mapa general de la situación en las prisiones. Nos han hecho saber que en ciertas cárceles se han vaciado módulos para que puedan ser utilizados en casos de aislamiento médico o cuarentena. La medida sin duda es necesaria, incluso imprescindible, pero nos preguntamos si esto no significará que se ha duplicado la población en otros módulos y, por lo tanto, el riesgo.

Aparte de esto, podemos decir que las medidas que se han tomado son mayormente restrictivas y afectan principalmente a las comunicaciones. Lo entendemos, pero no se han activado otras medidas que eviten la desconexión familiar entre la persona encarcelada y sus familiares, a pesar de que, en el Estado español, se ha incrementado de 8 a 12 el número de llamadas telefónicas autorizadas. Estas llamadas no pueden sustituir de ninguna manera las comunicaciones habituales, ya suficientemente restringidas de por sí. Correos no reparte prensa escrita en las prisiones, lo que incrementa el aislamiento para nuestros familiares alejados y dispersados.

La situación exige actuaciones valientes que están avaladas por la legislación actual. Queremos citar posicionamientos claros en favor de alternativas al encarcelamiento realizados estos días por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la propia Organización de Naciones Unidas (ONU). Recordamos que muchas presas y presos deberían estar ya en libertad y que solo les mantiene en prisión la voluntad de burlar la propia legislación para aplicar castigos añadidos a las condenas impuestas.

Estas son las medidas que la asociación Etxerat considera deben aplicarse con urgencia: excarcelación inmediata de presos gravemente enfermos, mayores de 70 años y quienes están en situación de acceder a la libertad condicional, así como de quienes han salido ya de permiso por aplicación del tercer grado.

Estimamos que se deben instalar sistemas para videollamadas desde las cárceles para evitar las consecuencias de la suspensión de comunicaciones, la administración penitenciaria debe asumir el coste económico de las llamadas telefónicas y, en general, deben reforzarse los equipos médicos las 24 horas del día, así como facilitar a las y los presos elementos y medidas de prevención y protección.

Sareetara

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