Egiari Zor: “Hay que debatir cómo reparar las muertes de los largos años de excepcionalidad penitenciaria”

Etxerat y Egiari Zor han ofrecido una rueda de prensa conjunta en Bilbao para interpelar a las instituciones, responsables políticos y sociedad civil vasca sobre esta cuestión

Etxerat y Egiari Zor Fundazioa han planteado la necesidad “en este nuevo tiempo de construcción que vive Euskal Herria de dotar de los derechos que les corresponden a las personas que han sufrido la violencia ocasionada por la excepcionalidad penitenciaria de forma directa o indirecta.

Según ambas organizaciones sociales “los pasos que se han venido dando nos han situado en un nuevo escenario donde la construcción de la convivencia del futuro es la prioridad absoluta para todas nosotras. Estamos sentando las bases de una nueva sociedad, donde todas las personas sean dueñas de los derechos que les corresponden y donde garanticemos que nada parecido a lo que hemos sufrido volverá a repetirse. Todo eso será posible mediante un instrumento como la memoria”, han afirmado.

Pero, para ello, consideran imprescindible “cerrar las consecuencias de largos años. de conculcación de derechos”. Para Etxerat y Egiari Zor “es innegable que se ha iniciado una dinámica de cambio en lo que respecta a dotar a todas las víctimas de los derechos que les corresponden y terminar con la excepcionalidad penitenciaria. Tenemos leyes de reconocimiento tanto en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, como, esperemos, en Nafarroa; informes que mediante protocolos internacionalmente avalados certifican el número de personas torturas durante los últimos 60 años; avanzamos, poco a poco, hacia el fin de algunas de las medidas que sostienen la excepcionalidad, cada semana se producen nuevos traslados y repatriaciones”.

Ambos organismo consideran que llevará todavía mucho tiempo que a las presas y presos vascos se les aplique la legislación ordinaria y puedan obtener permisos y libertades condicionales. “Sigue habiendo personas presas con largas condenas que padecen enfermedades graves e incurables; la Ley 7/2003 sigue suponiendo un bloqueo para la humanización de la política penitenciaria, como viene demandando la myoría política vasca; las víctimas del Estado siguen siendo revictimizadas al verse obligadas a pelear un trato equitativo por la vía judicial, sin ser correspondidas en la gran mayoría de las ocasiones; las leyes aprobadas  por los ejecutivod de Gasteiz e Iruñea no garantizarán al conjunto de víctimas el derecho a la justicia y un trato no discriminatorio; e, indudablemente, nuchas de ellas seguirán sin reconocimiento ninguno”.

35 presos políticos vascos, 16 familiares y/o amigos de éstos y 2 personas suicidadas

Etxerat y Egiari Zor han hecho referencia a las víctimas mortales que los largos años de excepcionalidad penitenciaria han provocado de forma directa e indirecta: en las últimas 6 décadas han perdido la vida 35 presos políticos vascos (13 desde 2011) y 16 familiares y/o amigos de estos. Y otras dos personas se quitaron la vida para no ingresar en prisión. Todas esas muertes tienen en común la aplicaci´n de medidas políticas excepcionales, una decisión política o una omisión de responsibilidades que ha afectado a dichas personas.

Garantizar que nada parecido a lo sufrido en el pasado es la mejor base sobre la que construir la convivencia del futuro”, han afirmado Etxerat y Egiari Zor. Y ello “sólo será posible mediante una memoria crítica y conclusiva que tome en consideración todo lo sucedido y todo lo sufrigo, también estas muertes”.

Egiari Zor y Etxerat creen que ya es tiempo de llevar a cabo ese debate, porque “existe una mayoría política y social dispuesta a ello. Una mayoría que ha acordado ya un primer paso a la que se han sumado la totalidad de sindicatos, mediante la aprobación del reconocimiento simbólico del sufrimiento padecido por las y los familiares de las personas presas con motivo del alejamiento y la dispersión.

Etxerat y Egiari Zor también han anunciado que han presentado las solicitudes de las personas muertas por la dispersión correspondientes a lo años 1979-1999, a pesar de que la Ley no está expresamente dirigida a reconocer y reparar esos casos hoy por hoy. Lo han hecho por considera que es el momento de hacer frente al reto que plantean las muertes que los largos años de excepcionalidad penitenciaria han provocado de forma directa e indirecta y han demandado abrir el debate sobre cómo ofrecer a estas reconocimiento oficial e institucional y reparación, más allá de iniciativas simbólicas. “La política penitenciaria de excepción ha generado muertes y éstas también deben tener su lugar en el mapa de la memoria, para que podamos continuar construyendo juntas la convivencia del futuro”.

Sareetara

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