La proposición no de ley que el PP ha llevado al Congreso español para que «se reconozca» la labor de las Fuerzas de Seguridad del Estado «durante los años de plomo en el País Vasco y Navarra» es considerada por Egiari Zor como «un ataque directo a quienes hemos sufrido la violencia policial» y “una agresión hacia el modelo de convivencia que venimos impulsando entre diferentes”, según señala en un comunicado público.
Según Egiari Zor, “la ciudadanía de Euskal Herria lleva algunos años trabajando en torno a la convivencia, tratando de encontrar esos mínimos comunes que nos ayuden a establecer una base sólida sobre la que construir entre todas una sociedad que pivote sobre el respeto y compromiso con los DDHH de todas las personas. Es innegable que la sociedad vasca ha dado notables muestras de una evolución más que positiva en este sentido, a pesar de todo lo que nos queda por seguir construyendo”.
No obstante, creen que en los últimos tiempos hay un debate permanente que “pugna por enmarcar en el contexto de la exaltación y apología de la violencia practicada por ETA actuaciones o dinámicas que visualizan la existencia de consecuencias diversas generadas en el marco del conflicto político, al límite de intentar criminalizar la actividad en defensa de los derechos humanos de las personas presas o el cierre de una publicación destinada a informar sobre su situación penitenciaria a estas personas”.
Ante la Proposición No de Ley presentada por el PP en el Congreso de los Diputados español que pide “sean dondecorados los agentes [de las Fuerzas de Seguridad del Estado, FSE], Egiari Zori recuerda que en “el contexto del conflicto en la CAV y Navarra han muerto a manos de agentes policiales 219 personas” y existen 83 personas más “fallecidas por actos de guerra sucia y de “incontrolados” en los que quedó judicialmente probada la responsabilidad también de miembros de las FSE (en Intxaurrondo, en la Jefatura Superior de Bilbao, etc.)”.
Reuerda asimismo que más de 5.000 personas fueron torturadas “con absoluta impunidad” y que “cerca de 31.000 personas fueron detenidas en aplicación de un código penal preventivo, que llevó a la tortura a muchas de ellas, incluso a ser encarceladas y posteriormente liberada sin cargos”, además de “cientos de heridos graves, algunos con secuelas de por vida por impactos de bala, proyectiles de goma y botes de humo lanzados a la cara”, señalando que “esa radiografía general de la violencia vulneradora de derechos humanos se ha pretendido honrar en el Congreso de los diputados”, por lo que considera la propuesta del PP de “acto de apología y exaltación de la violencia que vulneró nuestros derecho humanos” y “un intento de legitimación de la acción de los cuerpos policiales en el contexto de violencia en el que fuimos victimizados”, además de un un intento de “deslegitimación” de las leyes vasca y navarra de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneración de Derechos Humanos practicados por los aparatos del Estado
Proposición rechazada
La proposición no de ley a la que Egiar Zor hace referencia fue presentada por el PP en junio en la Comisión de Interior del Congreso español y tras varias votaciones ha sido definitivamente rechazada esta semana.
La iniciativa, que está suscrita por Ana Beltrán, Ana Belén Vázquez y Cuca Gamarra, comienza recordando que hay 506 víctimas mortales por la actividad de ETA entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de quienes han sufrido «secuelas físicas y sicológicas» y sus familias.
En este sentido, añade que las fuerzas policiales y sus familias en el sur de Euskal Herria «se han jugado la vida y la libertad solo por ejercer su profesión y han padecido persecución y acoso, marginación y aislamiento social por el hecho de ser policías o guardias civiles».
«Es parte esencial de la historia de la España constitucional que no puede caer en el olvido de actuales y futuras generaciones, pero sobre todo porque sus protagonistas están entre nosotros y aunque ETA ya no mate siguen siendo objeto de acoso, agresión y presión», añade la proposición del PP.
Concretamente, reclamaba que se galardonara a todos los agentes destinados durante tres años en Nafarroa, Bizkaia, Gipuzkoa y Araba con la Orden del Mérito Policial con distintivo blanco.
