El Movimiento de pensionistas denuncia “negligencias” en las residencias

Se reunirá en septiembre con la Fiscal Superior del País Vasco I Le entregarán un informe que recoge el fallecimiento de un 38% de usuarios I Califican su confinamiento y aislamiento de atentado a los derechos humanos

El Movimiento de Pensionistas se reunirá a inicios de septiembre con la Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán, para entregarle un informe con datos que, a su juicio, demuestran “las negligencias” cometidas en las residencias durante la pandemia del coronavirus, que habrían llevado al fallecimiento del 38% de los usuarios. Le solicitarán que investigue sus denuncias y emprenda acciones en los tribunales.

El movimiento considera que “se ha atentado contra los derechos humanos” de los mayores también con su confinamiento y aislamiento.

Concentración ante la sede del TSJPV

Una delegación del movimiento de pensionistas vascos se ha concentrado ante la sede del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en Bilbao. Tenían la intención de reunirse también con la Fiscal Superior del País Vasco, pero no ha sido posible dado que se enecontraba de vacaciones. No obstante, han concentrado una cita para el 7 de septiembre.

En la concentración han exhibido una pancarta en la que reclamaban “vida digna” para los “mayores dependientes en residencias y en casa”. El portavoz de Pentsionistak Araba, Antonio Armentia, ha subrayado la preocupación del movimiento por las personas mayores desde el inicio de la pandemia al haber sido las personas “fundamentalmente” afectadas. Han recopilado información al respecto en los tres territorios históricos de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), poniéndose en contacto con familiares de personas que se encuentran en residencias, con representantes del Departamento de Sanidad y de Bienestar Social del Gobierno Vasco, con las diputaciones forales y con trabajadores de los centros. El estudio recoge datos específicos de cada uno de los territorios y también informaciones comunes de la CAV.

Un 38% de fallecimientos en las residencias públicas y privadas

El documento detalla que la pandemia ha afectado a mayores que se encontraban en residencias públicas y privadas, y ha supuesto un 38% de fallecidos. Se refiere a personas que han muerto en los propios centros o, posteriormente, en las UCI de los hospitales. Asimismo, recuerda que, durante el coronavirus, han resultado afectados también los centros de día, que han sido clausurados, los servicios de ayuda domiciliaria, que “han funcionado cojos”, y, sobre todo, el personal sanitario y auxiliar, que ha estado “desprovisto” de material de protección y al que se hizo “muy tarde” las pruebas de la covid.

Armentia ha destacado, “en especial”, el confinamiento y aislamiento de las personas mayores. Además, ha recordado que, en estos momentos, tampoco pueden salir de las residencias y solo les pueden visitar un familiar dos veces por semana. “Esto nos parece un atentado contra los derechos humanos”, ha asegurado. Por ello, el Movimiento de pensionistas se dirigió al Ararteko, al que entregó el informe, que facilitará también a la Fiscalía Superior del País Vasco, que, según ha apuntado, lleva la investigación de la situación de las residencias, después de que la iniciara el ministerio público de Álava. “Ahora nos dirigimos a la Fiscalía para preguntar realmente qué se ha hecho”, ha añadido. Ha remarcado que la función del ministerio público es defender los intereses de la sociedad en general y, por tanto, debe actuar en defensa de los derechos humanos, que los pensionistas creen que “se han vulnerado” en las residencias y con el confinamiento de los mayores. “Si esto ha ocurrido, la Fiscalía tiene posibilidad de promover acciones civiles o penales ante los tribunales de Justicia”, ha subrayado.

Por su parte, el portavoz del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, Xabier Isasa, ha afirmado que su objetivo fundamental es que se investigue “la posibilidad de negligencias” en residencias o en otros ámbitos, que el colectivo que representa está convencido de que se han producido. Por ello, ha emplazado a la Fiscalía a que realice las diligencias oportunas para confirmar si ha sido así y si pueden ser constitutivas de delito. “La información del informe está suficientemente contrastada y nosotros no nos vamos a aventurar a hacer acusaciones que no tengan fundamento”, ha indicado. Por su parte, Andrea Uña, también del Movimiento de Pensionistas, ha destacado que los datos recopilados provienen de familiares de los residentes o de personal de dentro de las residencias, y “del mundo institucional”.

Sareetara

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