El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha mostrado su rechazo a la propuesta del Ministerio de José Luis Escrivá de ampliar a 30 los años de cómputo de pensiones porque «solo se pretende reducir las pensiones» y exigen volver a la situación anterior a la reforma de 2011, cuando el periodo era de 15 años.
El pasado 28 de noviembre, el Ministerio español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por José Luis Escrivá, planteó a los agentes sociales extender de los 25 actuales a 30 años el periodo de cómputo para calcular las pensiones, pudiendo elegir los 28 mejores.
En vista de esto, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha denunciado mediante un comunicado que esa reforma «no tiene justificación alguna y solo pretende reducir las pensiones de los futuros pensionistas».
Asimismo, recuerda que esta no sería la primera ampliación en el periodo de cómputo, ya que una reforma en 2011 lo extendió de 15 a 25 años. Según los pensionistas, otra extensión más «deja la puerta abierta al objetivo final de ampliarlo a toda la vida laboral».
Base máxima de cotización e IPC
La ampliación formaría parte de un Decreto Ley de reforma de las pensiones en cuyo proyecto también se plantea aumentar la base máxima de cotización -algo que reclama el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria- y la pensión máxima, aunque «muy lejos del criterio de que cada uno conytribuya en función de lo que percibe», denuncian.
Por otro lado, alertan de que, si no se confirma en los próximos días el avance del IPC general de noviembre, del 6,8%, «las personas pensionistas volveremos a perder este 2022 un 4,3% de nuestra capacidad de compra».
Recuerdan que en 2021 perdieron el 3% y en años anteriores el 4,2%, por lo que exigen la paga compensatoria «ya» para poder recuperarlo.
«Oportunidad perdida»
En cuanto a la Ley del Sistema vasco de Garantía de Ingresos que se votará en Gasteiz el próximo 22 de diciembre, lamentan que «será una ocasión perdida para garantizar una pensión mínima de 1.080 euros mensuales en 14 pagas, porque la enmienda que coincidía con esta demanda ha sido rechazada».
«Lamentablemente, garantizar a las personas pensionistas de la CAV unos ingresos mínimos dignos no es prioritario para quienes nos gobiernan y tampoco lo es incrementar las prestaciones sociales para las personas que malviven con ingresos inferiores al umbral de la pobreza», concluyen.
