Cientos de jubilados y pensionistas se han concentrado un lunes más en Bilbao en demanda de pensiones “dignas”, en un acto en el que sus portavoces han subrayado que les “sobran razones” para secundar la huelga general convocada para el próximo jueves, día 30, por las entidades de la Carta Social de Euskal Herria, entre ellas los sindicatos de la mayoría social vasca (ELA, LAB, ESK, Steilas, HIRU, EHNE-Etxalde).
Los portavoces de los concentrados han hecho alusión a las diferencias surgidas en el movimiento de pensionistas a propósito de la huelga y han asegurado que el colectivo es “transversal y plural, aunque algunos se empeñen en decir lo contrario”.
El representante de los pensionistas Jon Fano ha dicho que es normal que los empresarios y el lehendakari, Iñigo Urkullu, digan que la huelga es “innecesaria” o “desproporcionada”, ya que, según ha manifestado, defienden “a las élites económicas y políticas”, pero ha añadido que a los pensionistas les “preocupa más que fuerzas de izquierda, algunos sindicatos y algunos pensionistas digan que no ven justificada la huelga”.
La portavoz Andrea Uña ha remarcado que, más de dos años después de que en enero de 2018 se iniciaran las concentraciones ante el Ayuntamiento de Bilbao, los jubilados y pensionistas mantienen “las mismas razones y reivindicaciones”, la principal de las cuales es la demanda de una pensión mínima de 1.080 euros al mes.
Ha añadido que la subida de las pensiones este año del 0,9 % está “lejos” de sus expectativas y sigue siendo “una miseria” con la que continúan “perdiendo poder adquisitivo”.
Tras subrayar que impulsan la huelga 34 sindicatos y 31 colectivos sociales y de pensionistas, que han recibido numerosas “adhesiones” de otras comunidades autónomas y del exterior, los representantes de los pensionistas han llamado a los concentrados a secundar una cacerolada convocada para el miércoles de 21.00 a 21.15 horas y dos manifestaciones -de mañana y tarde- organizadas para el mismo día de la huelga.
Se han referido también a la subida a 950 euros del salario mínimo acordada entre sindicatos, patronal y Gobierno, y han señalado que está “lejos” de su reivindicación de un SMI de 1.200 euros.
