Madrid plantea dejar ciertos secretos oficiales blindados al cambiar la ley franquista

El Gobierno español ha dado un giro en su disposición a cambiar la Ley de Secretos Oficiales franquista de 1968. Plantea que no haya un plazo único de desclasificación de documentos sino que este varíe según el «grado de nivel del secreto». Así lo ha dado a conocer el periódico catalán ‘La Vanguardia’.

La reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 que pudiera servir para esclarecer casos de violencia política protagonizadas entre otros por los GAL puede dejar en nada las espectativas generadas por los gobiernos de Pedro Sánchez (PSOE). Cuando el actual presidente del Gobierno español llegó a La Moncloa en 2018 Sánchez se mostró dispuesto a corregir la anomalía que supone en el entorno por dos cuestiones evidentes: ser una norma franquista y no estipular plazos de desclasificación de documentos oficiales, que por tanto pueden seguir ocultos eternamente. Sin embargo, en esas primeras legislaturas breves no hubo movimiento alguno. Y ahora se asegura que sí se reformará antes de su conclusión en 2023 pero cambiando los términos en que dichas desclasificaciones pudieran plantearse. Según ha hecho público el periódico La Vanguardia, el Ejecutivo español pretendería dejar fuera de la lupa tanto el golpe de estado del 23-F como los crímenes del GAL.

La fórmula para ello sería no prever un plazo de desclasificación único habitual en otros países (25 años normalmente) sino utilizar una fórmula variable “según el grado de protección y el nivel del secreto”. De esta manera, algunos temas que el Gobierno considere delicados seguirían secretos durante más tiempo o quizás directamente «sine die».

‘La Vanguardia’ asegura que esta posición ha sido impulsada por el Ministerio del Interior, uno de los implicados en el proceso, y añade que tiene como objetivo salvaguardar responsabilidades relativas a la guerra sucia contra el independentismo vasco. El de Defensa, dirigido por Margarita Robles, se presentaría como más abierto a un plazo de desclasificación fijo.

Lo que supondrían 25-35 años

En principio, la intención del Ejecutivo Sánchez parecía pasar por un periodo de secreto de 25 años, prorrogable en su caso 10 más. Es lo habitual, sin ir más lejos, en Estados Unidos, como se probó hace ahora algo más de un año con la revelación del documento de la CIA que implicaba a Felipe González en la creación de los GAL.

Si se aplicara sin retroactividad, ello supondría levantar en Euskal Herria la actual opacidad sobre crímenes anteriores a la segunda mitad de los años 80 en el peor de los casos, por lo que tocaría de lleno por ejemplo a las acciones de los GAL.

Víctimas de la guerra sucia como los familiares de Mikel Zabalza o del desaparecido José Miguel Etxeberria «Naparra» han expuesto estos últimos años su convicción de que la reforma de esta ley es una de las pocas vías factibles para revelar la verdad de sus casos.

Otra cosa es que a estas alturas en los archivos españoles siga habiendo documentos que puedan arrojar luz sobre la guerra sucia. Sin ir más lejos, la conversación entre el agente de Intxaurrondo Pedro Gómez Nieto y el entonces jefe operativo del Cesid Juan Alberto Perote en el que se reconocía cómo murieron Joxean Lasa y Joxi Zabala además de Mikel Zabalza ha sido escuchada por todo quien ha querido, pero cuando llegó a los tribunales en los años 90 se negó tajantemente su existencia.

Tampoco cabe olvidar en este contexto que el Consejo de Ministros tiene la potestad de levantar los secretos, aunque apenas la ha utilizado. La excepción más conocida fue en 1997 con algunos de los llamados «papeles del Cesid» y para lograrlo fue necesaria toda una odisea judicial.

Sareetara

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