La plataforma ciudadana Osasun Publikoa Aurrera (OPA) anuncia una movilización en defensa de la sanidad pública el 11 de noviembre en Bilbao
La representación de Osasun Publikoa Aurrera ha explicado que la «solución» consiste en establecer un sistema de vigilancia integral, público y de calidad que garantice todas las etapas de la vida y que debe surgir de la colaboración entre las administraciones públicas. Han manifestado su adhesión a las reflexiones del movimiento feminista y la necesidad de «un nuevo modelo de salud pública que garantice un sistema de cuidados púbico, digno y de calidad».
Consideran importante que la participación ciudadana esté garantizada y que sea una «gestión democrática». Destacan tres demandas: recoger los factores que determinan las condiciones de vida en todas las políticas de salud; configurar un sistema sanitario absolutamente público; y, en tercer lugar, garantizar la transparencia «hoy prácticamente inexistente».
Atención Primaria
Los convocantes consideran que la Atención Primaria debe convertirse en una «clave» del sistema asistencial, y por ello debe «regenerarse». En relación a la Atención Primaria plantean cinco requerimientos: que un mismo equipo de trabajo pueda hacer un seguimiento de los problemas de salud de un paciente; garantizar la equidad de acceso, priorizando la atención presencial; dotar de recursos, reduciendo la brecha existente entre Atención Primaria y Atención Especializada; dotar de una amplia autonomía organizativa adaptándose a la realidad de los pequeños pueblos; y, finalmente, incrementar los servicios que se prestan.
Denuncian la situación actual de Osakidetza como «resultado de una planificación y gestión política irresponsable y negativa realizada por los responsables políticos». Y recuerdan que la salud es un derecho universal, no un «bien de mercado». También solicitsn que se garanticen los derechos lingüísticos de los ciudadanos.
Por otra parte, solicitan la paralización o la reversión de todas las privatizaciones que se están produciendo. Y «recuperar y reforzar la incompatibilidad médica, aprovechando mejor los recursos públicos».
