Un centenar de personas se ha vuelto a concentrar hoy lunes a las 12:00 horas del mediodía en defensa de unas pensiones públicas dignas en las escaleras de la Casa Consistorial de Leioa.
Con un tiempo radiante, los y las pensionistas leioaztarras se han reunido en torno a una pancarta con el lema de “los pensionistas de Leioa en lucha por nuestros derechos y los de las próximas generaciones”.
Siguen planteando la necesidad de salir a la calle a movilizarse para conseguir una pensión pública mínima de 1.080 € mensuales, siguiendo los criterios planteados en la Carta Social europea; un incremento ligado a la carestía de la vida; que se plantee como objetivo la superación de la brecha existente, también en el ámbito de las pensiones, entre hombres y mujeres en perjuicio de estas últimas y para exigir la derogación de las reformas laborales y de las pensiones que no han hecho sino disminuir la cuantía de las pensiones e impulsar su privatización y precaria los contratos laborales.
Han recordado, por lo demás, la cita del próximo sábado 26 en Bilbao, en la manifestación convocada por las organizaciones de pensionistas. Una cita que pretende, una vez más, mostrar el generalizado apoyo que las reivindicaciones de este sector social tiene entre el conjunto de la población. También han convocado a los y las pensionistas leioaztarras a unirse a la concentración de la margen derecha del próximo día 28, lunes, en la plaza del Ajedrez de Areeta (Getxo). La cita es a las 12:00 horas en la estación del metro de Leioa.
Apoyo de la Carta de Derechos Sociales a la manifestación del sábado
Las organizaciones sociales y sindicales que impulsan la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria han llamado hoy a la sociedad vasca a participar en la manifestación convocada para el 26 de mayo por las plataformas de pensionistas en Bilbao.La Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria cree que la lucha de los pensionistas por un sistema público de pensiones no es una cuestión exclusiva de ese colectivo, que supone el 24% de la población, sino del conjunto de la sociedad, a la que llaman a salir a la calle.
Y entienden que todo parte de cómo se reparte la riqueza. «No es un problema de falta de recursos, es un problema de reparto equitativo de la riqueza y de voluntad política para poner los intereses de las personas por encima de los intereses de los más ricos y el negocio de los especuladores financieros», defienden las organizaciones sociales y sindicales que forman parte de la Carta.
Para sus miembros, con solo equiparar la presión fiscal en Hego Euskal Herria a la media europea se dispondría del dinero suficiente para garantizar un sistema público de pensiones, además de sanidad y educación universal. «Si se persiguiera con eficacia el fraude fiscal y se implementara una fiscalidad en la que todas las personas independientemente del origen de su renta y patrimonio tributaran en una escala progresiva del impuesto, todas y todos podríamos sin exclusiones acceder a unas condiciones de vida dignas», han remarcado.
Desde la Carta reiteran que el derecho a una pensión suficiente, un empleo de calidad y una vida digna «no son derechos-mercancía que se compran y se venden en las negociaciones político-institucionales. Son –han subrayado– derechos sociales fundamentales que hay que garantizar y ejercer».
Acuerdo PNV-PP: «Parche de dos años»
Al acuerdo entre el PP y el PNV le atribuyen la función de tratar de desmovilizar a los pensionistas. «Es un parche de dos años» que trata de responder a la lucha ejemplar de ese colectivo. «Garantizar a las personas mayores y jubiladas unas pensiones suficientes ha sido base fundamental del denominado Estado del Bienestar y de cualquier proyecto de sociedad democrática», manifiestan.
Las organizaciones sindicales, feministas, juveniles y de otra índole que forman la Carta exigen blindar el derecho a una pensión digna y suficiente. «Los ataques contra el sistema público de pensiones, el endurecimiento de las condiciones de acceso y reducción sistemática de la pensión para liquidar el sistema público, y fomentar en beneficio de especuladores financieros los planes y fondos privados de pensiones, es la estratagia de los diferentes gobiernos del Estado y del Pacto de Toledo», denuncian.
«No esperamos nada ni de los gobiernos del Estado ni de los partidos que les dan cobertura desde instituciones vascas: dejar en manos del Pacto de Toledo nuestro derecho a una pensión pública digna es poner al zorro al cuidado del gallinero», han advertido. «Las reformas orquestadas por ellos –han añadido– están persiguiendo dejar sin recursos el sistema público y que hoy y aquí en Euskal Herria una de cada tres personas tenga una pensión inferior al actual Salario Mínimo Interprofesional o que una de cada dos no llegue a 1.000 euros».
