La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha dado a conocer el próximo traslado de siete presos vascos a cárceles de Euskal Herria.
Seis de dichos presos serán trasladados a cárceles de la Comunidad Autónoma Vasca y el séptimo, a la cárcel de Iruñea.
Los presos que Instituciones Penitenciarias del Gobierno español ha decidido trasladar a cárceles de la CAV son José María Dorronsoro Malaxetxeberria (que hasta ahora se encontraba en la cárcel de Iruñea), Ana Belén Egües Gurrutxaga (de Asturias a la cárcel de la CAV que decida el Gobierno de Vitoria, si bien continuará en segundo grado), Francisco Javier Gallaga Ruiz (de Daroca -Zaragoza-, a una de las tres cárceles de la CAV que decida el Gobierno de Vitoria), Luis Enrique Garate Galarza (de El Dueso -Cantabria-, a una cárcel de la CAV por designar por el Gobierno de Urkulliu), Mikel Otegi Unanue (de la cárcel de Iruñea a una de la CAV, hospitalizado desde la pasada semana) y Maite Pedrosa (de El Dueso -Cantabria-, a una cárcel de la CAV). Por último, el preso Mikel Izpura García será trasladado de la cárcel de Zuera, en Zaragoza, al de Iruñea.
De los siete presos vascos que serán trasladados en próxima fechas a alguna de las cárceles vascas, Maite Pedrosa y Mikel Izpura cumplieron las 3/4 partes de sus condenas en el año 2019, por lo que, si se les aplicara la legislación ordinaria debieran estar en libertad. El resto se encuentran cerca de cumplir las 3/4 partes de sus condenas en los próximos meses o años.
Con los traslados de estos presos a cárceles de Euskal Herria, serán 101 los presos y presas vascas en alguna de las 4 cárceles vascas del sur de Euskal Herria o cumpliendo condena en sus domicilios, quedando todavía otros 71 los presos y presas vascas en cárceles españolas.
24 años de condena a Iratxe Sorzabal por “no acreditar plenamente” haber sido torturada
Por su parte, la presa vasca Iratxe Sorzabal ha sido condenada a 24 años de cárcel en una sentencia que recoge su denuncia de torturas en el juicio pero asegura que «no ha quedado plenamente acreditada» y despacha así el asunto. Tampoco se ordena ninguna investigación al respecto.
Sorzabal fue detenida en Hernani por la Guardia Civil y refirió torturas diversas, incluida la aplicación de electrodos, que dejó marcas muy claras en su cuerpo (tuvo que ser llevada al hospital), y también abusos sexuales. Explicó en la sala que tuvo que autoinculparse porque fue la única forma de «salir de aquel infierno».
Sin embargo, la Audiencia Nacional despacha las marcas en el cuerpo de la presa calificándolas de “dermatitis” y afirmando que es “imposible saber a qué corresponden”.
