El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el director de programas, Pello Otxandiano, han sido los encargados de explicar los contenidos y motivos de la propuesta. Junto a ellos, Mikel Otero, Nerea Kortajarena, Joxe Abaurrea, Rebeka Ubera, Unai Fernández de Betoño y Arantza Urkaregi han desarrollado todas las propuestas concretas del Pacto de Bienestar.
Arnaldo Otegi ha asegurado que “la situación de recesión económico a cuyas puertas nos encontramos no es producto de “razones metereológicas”, sino por la apuesta de algunos por alargar la guerra”. Según Otegi, “Europa ha renunciado a tomar una posición autónoma” en la que los pueblos de Europa salen perdiendo, y ha responsabilizado de la recesión “a las mismas élites europeas que son incapaces de mantener una posición autónoma respecto a Estados Unidos y la OTAN.
Para el Coordinador general de la formación soberanista de izquierdas, “las viejas políticas no sirven para hacer frente a los retos que nos plantea este nuevo mundo”, y ha reclamado que “hay que aplicar medidas paliativas, pero ya vamos trade en aplicar medidas estructurales”.
Según Otegi, su propuesta de Pacto de Bienestar “es una propuesta de estado vasco, en favor de la mayoría social; una propuesta que hacemos al país y lo queremos hacer con la ciudadanía”. En resumen, el Coordinador general de EH Bildu ha afirmado que “la alternativa hoy es, de manera resumida, parar la guerra, repartir la riqueza y defender la soberanía nacional”.
“No vamos por buen camino para hacer frente al futuro”
Por su parte el Director de programas de la formación soberanista, Pello Otxandiano, ha afirmado que “se está poduciendo un proceso de acumulación de la riqueza y un proceso de degradación de los servicios públicos”, asegurando que “no es momentos de medidas paliativas, sino de tomar medidas estructurales que nos situen en condiciones mínimas de afrontar las transformaciones necesarias”, para lo que cree que “ha llegado el momento de un debate económico sin precedentes en este país”, en torno a “qué y cómo se va a producir en Euskal Herria, un debate en torno a la generación de la riqueza”, pero también “sobre las políticas de distribución de la riqueza” y, por último, un debate sobre la “política de inversiones”, afirmando que “si vamos a una economía de escasez no tiene sentido seguir con una política de inversiones de tiempos pasados”.
Para ello, el director de programas de EH Bildu ha propuesto “un gran pacto de bienestar en el país. Frente a pactos de rentas en España, planteamos un pacto de bienestar en Euskal Herria”, para lo que presentan “un decálogo para hacer frente a la situación a la que nos estamos enfrentando. Otxandiano se ha mostrado convencido de que un pacto como el que proponen “puede llevarse a cabo mediante una responsabilidad compartida”, y ha llamado a los partidos políticos, a los sindicatos, a los agentes económicos y sociales a realizar dicho debate y buscar acuerdos.

Cinco medidas para garantizar el bienestar a la población y otras cinco para el reparto de la riqueza
El Paco de Bienestar propuesto por EH Bildu pretende “revertir dos tendencias que se vienen produciendo desde la crisis económico-financiera de 2008: la degradación de los servicios públicos y el aumento de las desigualdades sociales” como “condición indispensable para afrontar el futuro con garantías”. Para ello, la coalición soberanista vasca propone “un gran pacto social, de carácter de Estado: un pacto de bienestar, articulado en torno a cinco medidas encaminadas a garantizar las bases materiales del bienestar, y que incluya otras cinco medidas para un reparto profundo de la riqueza”.

Las cinco medidas para garantizar el bienestar a la ciudadanía vasca propone el acceso a la energía a un precio justo, al tiempo que a las PYMES y autónomos locales se les garantice un precio “aceptable”, mediante la intervención en el mercado de la energía y diversas propuestas concretas; subida de salarios y pensiones mediante un Acuerdo Interprofesional entre agentes económicos y sindicales y la revalorización de las pensiones en base al IPC y una pensión mínima de 1.080 euros; el derecho a la vivienda aumentando el parque de viviendas de propiedad pública en alquiler, cuyo precio será limitado, al tiempo que se impondrá un tope al aumento de las hipotecas y se prohibirán los desahucios; el refuerzo del sistema sanitario público mediante un plan de choque que reduzca la temporalidad del personal al 8% y medidas para hacer frente al encarecimiento del curso escolar y otras medidas para combatir la segregación educativa, además de medidas estructurales para la consolidación de los servicios sociales; por último, propone potenciar el transporte público, avanzando en su gratuidad para menores de 12 años y las y los estudiantes mayores de esa edad así como para las personas destinatarias de de las ayudas de garantías de ingresos y para las y los desempleados, estableciendo bonificacioes del 80% para el resto de la ciudadanía para todos los sistemas de transporte.

Para el reparto de la riqueza, EH Bildu propone llevar a cabo una reforma fiscal “que nos acerque a la presión fiscal media europea”, para lo que plantean modificar el Impuesto de Sociedades, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y la sustitución del Impuesto de Patrimonio por el Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas; la distribución del beneficio de las empresas, que “se destinarán a la mejora de las condiciones salariales de las y los trabajadores y a la inversión productiva en la propia empresa; la implantación de un Salario Mínimo Interprofesional de 1.400 euros; la redefinición de las prioridades de inversión pública, que se dirigirá a promover el sistema de alimentación, la emergencia climática, las transformaciones en la industria, la transición energética y los servicios públicos, a la vez que se aplicaría una moratoria inmediata a diversas infraestructuras (incluida la autopista submarina de Lamiako) y, por último, el establecimiento de nuevos mecanismos de garantía de ingreso mínimos para hacer frente a la pobreza infantil y la pobreza heredada y “el factor de pobreza que supone tener hijos”, además de ayudar a otros sectores con dificultades de cubrir sus necesidades básicas, para lo que propone reformar el sistema de inclusión.