El macrosumario 11/2013, un nueva polémica en la Audiencia Nacional (II)

Xabier Sainz de la Maza Bilbao I Abogado

A todos los procesados se les atribuye un mismo delito: integración en organización terrorista. Actuaban, en opinión del Juzgado Central de Instrucción primero y de la Fiscalía después, a las órdenes de ETA. Ya en 2013, el que entonces era Ministro de Interior, el Sr. Jorge Fernández Díaz, calificó a Herrira como un “tentáculo de ETA”.

Sin embargo, varios indicios me hacen pensar que estas acusaciones son totalmente infundadas.

Las primeras dudas me las generan las fechas en las cuales han transcurrido los hechos que serán juzgados. A los 47 se les imputan actividades realizadas de 2012 en adelante. Algo no cuadra: ETA anuncia el cese de su actividad en octubre de 2011. ¿Es posible que 47 personas cometan delitos de terrorismo cuándo la organización a la que supuestamente pertenecen ha anunciado que no seguirá actuando más? Es más, incluso si actuaban a las órdenes de ETA, una vez que ésta estaba inactiva, ¿qué actos han realizado cómo para que se les pida un castigo de tantos años de prisión? Dicho de otro modo, si ETA no comete atentados, porque así lo anunció y porque así se ha confirmado hasta su disolución, durante éste período, ¿qué órdenes cumplían supuestamente estas personas para considerarles miembros de ETA? En definitiva, ¿qué es lo que de verdad han hecho estas personas?

En primer lugar, se dice que varios de los acusados ejercían el control de los presos en las cárceles, impartiendo directrices para evitar la disidencia. Sin embargo, esto choca con la realidad de que hay varios presos que, habiendo sido miembros del EPPK, ahora ya no lo son. A modo de ejemplo, las siguientes noticias: https://www.eitb.eus/es/noticias/politica/detalle/3688182/el-preso-eta-daniel-pastor-anuncia-su-ruptura-colectivo/ y https://www.eldiario.es/zonacritica/Via-Nanclares-explicada-preguntas_6_4959511.html.

Si formar parte de un colectivo es libre, ¿es posible realizar un control sobre los presos? ¿Qué tipo de control acaba siendo delictivo?

Formar un colectivo de presos y participar de él no solamente es legal, sino que se trata de un ejercicio de un derecho fundamental, el de asociación, que además está constitucionalmente protegido (artículo 20 de la Constitución). Las personas presas tienen derecho a asociarse, así como a comunicarse y debatir sobre todo tipo de cuestiones (también políticas) con presos de otras cárceles, y con gente que no está presa. Que las personas hoy acusadas hagan una labor facilitadora de ese debate no puede ser considerado un delito, sino simplemente una labor social, política, asistencial y/o humanitaria.

En segundo lugar, otra de las acusaciones que pesa sobre varios de los acusados, concretamente los encuadrados dentro de la organización Herrira, es la de haber organizado los “ongi etorri”-s o recibimientos a presos tras su salida de la cárcel (el auto que ordenaba la detención en 2013 de los miembros de Herrira hablaba de que habían organizado 112 eventos de éste tipo). Sin embargo, en este presunto delito de enaltecimiento del terrorismo hay algo que tampoco cuadra. Tal y como explican brillantemente los profesores Lucía Martinez Garay y Javier Mira Benavent  de la Universitat de València, “si cada uno de esos 112 actos hubiera sido constitutivo de un delito de enaltecimiento, habría dado lugar a la incoación del correspondiente proceso penal para esclarecer las responsabilidades que correspondan a los individuos que participaron en los mismos. Sin embargo, no parece que haya constancia de que, en el curso de un año y medio, el que ha tenido de vida Herrira, se hayan incoado más de 100 procesos penales por enaltecimiento. Entonces, si los actos que organiza Herrira, individualmente considerados, no dan lugar a procesos penales, ergo, no son constitutivos de delito, ¿cómo es posible que la actividad consistente en organizarlos sí lo sea?”

En tercer lugar, está la cuestión de considerar terroristas a abogados, médicos y psicólogos de personas presas. ¿Dónde queda el derecho a un abogado y a un médico de confianza? Como abogado que soy, no hay acusación que me pueda escandalizar más. ¿Acaso yo me convertiré en autor de un delito cada vez que defienda a un presunto delincuente?  Respecto de los abogados/as, resulta muy curioso que, cuando fueron detenidos, los medios de comunicación informaron que estaban acusados de delitos de blanqueo de capitales, y de defraudar más de un millón de euros a Hacienda. Sin embargo, hoy no se sabe nada del supuesto blanqueo, ni tampoco del presunto fraude al fisco. El Fiscal no ha acusado a nadie por éstos delitos (aunque mantiene la acusación de pertenencia), y la Hacienda Foral de Gipuzkoa (una de las competentes para la recaudación del tributo supuestamente defraudado) ya manifestó que ni siquiera tenía constancia de la existencia de un expediente sancionador.

Mis sospechas de que tales delitos no existen se incrementan exponencialmente al apreciar la existencia de innumerables irregularidades jurídicas y vulneración de garantías procesales a lo largo de la instrucción del sumario.

En cuarto lugar, ¿Tiene acaso sentido que se considere que estas personas están realizando una actividad delictiva, cuando ésta ha sido pública y notoria? A modo de ejemplo, las siguientes noticias:

Sareetara

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