Este miércoles 29 de marzo entrará en vigor la ley que regula la nueva RGI. Sustituye a la ley de 2008, cuyo artículo 20, de aplicarse ahora, garantizaría a la persona pensionista el 100% del SMI, es decir, los 1.080 euros mensuales en 14 pagas que el movimiento pensionista en Euskal Herria viene reclamando desde hace más de cinco años. El Gobierno Vasco anuló esa ley en 2019 para reducir el gasto social a costa, entre otros, del colectivo pensionista.
El Gobierno Vasco dispone de competencias y de capacidad económica para complementar las pensiones mínimas a 1.080 euros. “Pero no quiere hacerlo y con la nueva RGI no resuelve el problema, estableciendo condiciones para que no se pueda acceder a ese complemento como derecho individual, sin otras limitaciones. Ahora, además, el costo del complemento a las pensiones mínimas a esa cantidad le resultará algo más barato al aumentar éstas, aunque sea un poquito” afirma el movimiento de pensionistas vasco.
La nueva RGI deja claro desde el principio que no es una prestación individual para cada pensionista. “Al establecer el requisito de formar una Unidad Convivencial, automáticamente vincula a la persona solicitante con su cónyuge o pareja, por lo que si ambas son pensionistas se juntan sus ingresos a todos los efectos”, dice el Movimiento Pensionista de Euskal Herria (MPEH). “La renta máxima que la RGI garantiza a una persona pensionista es de 1.013 euros en doce pagas, muy lejos de los 1.080 euros en 14 pagas que reclama el MPEH (2.964 euros anuales menos). Para dos personas, una de ellas pensionista, garantiza 1.279 euros en doce pagas, lo que equivale a 1.097 en 14 pagas. Dado que las mujeres son las que tienen las pensiones más bajas, su convivencia en pareja con otra persona las excluye de la RGI, y se ven obligadas a depender del cónyuge o pareja de hecho, o bien a vivir solas”, según el movimiento pensionista..
Por ello, manifiestan que la RGI “penaliza a las mujeres pensionistas, a las parejas en que ambas son pensionistas, y también a las personas pensionistas que conviven en el mismo domicilio con otras unidades de convivencia, sean familiares o no, porque automáticamente les reducen la RGI que les corresponda en un 15%”.
El MPEH acusa al Gobierno Vasco de cicatería, “que llega al extremo de que, conociendo mediante los datos fiscales los ingresos de todas las personas pensionistas, se niega a actuar de oficio ‒tal como se pudo comprobar el jueves pasado en el Pleno del Parlamento de Gasteiz‒ para cumplir con su obligación de garantizar una vida digna a las personas mayores. En diciembre de 2022 solo 12.686 pensionistas percibieron complemento RGI cuando hay más de 40.000 pensiones de viudedad en la Comunidad Autónoma Vasca inferiores a 700 euros al mes, y cuando más de 62.000 pensionistas sufren pobreza severa, con pensiones inferiores a 454 euros mensuales” según el XII Informe Arope.
El movimiento de pensionistas vasco interpela al Gobierno vasco y piden que explique por qué miles de mujeres vascas, discriminadas salarial y laboralmente en las empresas, y dedicadas a tiempo completo a tareas de cuidados imprescindibles para la sociedad, pero ni valoradas ni retribuidas, no disponen de ingresos suficientes en la etapa final de sus vidas.
Para los hombres y mujeres del MPEH 1.080 euros en 14 pagas es “un ingreso mínimo necesario para garantizar una vida digna a cada una de las personas pensionistas de la CAV, para hacer frente, a una inflación desbocada (sobre todo estos dos últimos años), y a un aumento superior al 16% en alimentos y productos básicos, y para reducir una brecha de género en pensiones superior al 36%.
Por ello van a seguir en las plazas y ciudades de Euskal Herria hasta lograrlo como derecho individual, reivindicando una y otra vez “pensiones públicas y dignas para todas las personas”.
