Representantes del Movimiento de Pensionistas de la CAV han acudido al Parlamento Vasco para exigir a todos los grupos políticos la puesta en marcha de una serie de medidas de aplicación en los servicios sociosanitarios que garanticen una atención de calidad, pública y universal.
A juicio del Movimiento de Pensionistas vasco los presupuestos públicos para 2021 deberían servir, para dar respuesta a las demandas sociales; mejorar sustancialmente los servicios públicos; superar la pandemia y asegurar los recursos disponibles para la ciudadanía.
Los recortes realizados en estos años anteriores en los servicios públicos, especialmente en sanidad y servicios socio sanitarios, han aumentado el efecto negativo de la crisis sanitaria en la vida y la salud de las personas. Por su parte, las reformas laborales aún no derogadas han incrementado la precariedad laboral, el desempleo y los bajos salarios.
La pandemia está sirviendo, a modo de ver de los pensionistas, como excusa para olvidarse de promesas como la de garantizar el sistema público de pensiones y unas pensiones públicas dignas. Promesas incumplidas que, además, pueden acabar terminando, aprovechando la actual situación, en nuevas reformas de las pensiones que no mejoren sino que empeoren las condiciones vigentes en estos momentos.
El movimiento pensionista rechaza cualquier intención de seguir recortando derechos, salarios y pensiones con la excusa de la crisis, al igual que seguir privatizando los servicios públicos en beneficio de unos pocos. Consideran asimismo inaceptable que los fondos europeos sirvan “para sufragar inversiones de las grandes empresas con enormes beneficios mientras a la mayoría de la gente se le aplican restricciones
Por ello entienden que los presupuestos de la CAV, en el ámbito de sus competencias, deben poner remedio a estos problemas. Y alertan de que “no se puede anunciar a bombo y platillo que no habrá recortes cuando los estamos sufriendo día a día”, han asegurado.
Por otra parte, en Leioa, hoy lunes, 23 personas se han vuelto a concentrar en torno al pirulí del Bulevar de la Avanzada para reivindicar unas pensiones públicas dignas y una pensión mínima de 1080 euros.
