Mitxel Lakuntza, Secretario General de ELA, ha acusado al Gobierno de Iñigo Urkullu de “compartir la estrategia de la patronal de buscar la devaluación salarial I Señala que su sindicato defenderá los salarios, una reforma fiscal y el control de los precios
ELA ha acusado al Gobierno de Lakua de apoyar la devaluación salarial que plantea la patronal. Su Secretario General, Mitxel Lakuntza, ha asegurado que hay un «proceso de empobrecimiento» de la clase trabajadora impulsado por la patronal con el «apoyo» del Gobierno de Urkullu.
La devaluación salarial llega, según ha explicado, por convenios con subidas salariales muy por debajo de la inflación. «De media, en todos los sectores donde estamos negociando propone una subida de tan solo un 3%», siete puntos menos que el IPC, y con casi el 60% de los convenios por renovar, «a la patronal le basta bloquear las negociaciones de los convenios para que se dé esa devaluación».
El dirigente sindical ha sostenido que, además, «las únicas medidas adoptadas por el Gobierno Vasco son aquellas que benefician a los intereses de las empresas, no a la clase trabajadora».
Proteger los beneficios empresariales
Lakuntza ha considerado que el pacto de rentas defendido por el lehendakari Iñigo Urkullu «busca proteger los beneficios empresariales a costa de la bajada de los salarios», dentro de una «estrategia compartida» con la patronal y ha criticado que la subida salarial a los empleados públicos de la CAV es del 2% (la establecida en los Presupuestos Generales del Estado), muy inferior al IPC.
El responsable del Gabinete de Estudios de ELA, Mikel Noval, ha señalado que las empresas del Ibex 35 «batieron en 2021 todos los récords, con beneficios de más de 60.000 millones de euros, un 64% más que la media de los cinco años anteriores, sin tener en cuenta el año de la pandemia, y en el primer semestre de 2022 han mejorado sus beneficios en casi el 8%».
La responsable de Acción Social, Leire Gallego, ha exigido medidas para revertir el proceso de empobrecimiento y cambiar de raíz el modelo económico y social.
«Los convenios deben garantizar la subida salarial equivalente al IPC, hay que revertir los recortes de entre 250 y 300 euros mensuales que se aplican en las prestaciones sociales, topar el precio de la electricidad, el gas y los combustibles, establecer el derecho a la energía como derecho universal a un precio social, reducir el precio del transporte público de manera permanente y hacer una reforma fiscal para imponer un tipo mínimo efectivo del 25% sobre los beneficios, sin excepciones», ha demandado.
