La familia del joven que sufrió abusos sexuales por un profesor del colegio Gaztelueta de Leioa ha acusado a los responsables del centro educativo de no respetar ni acatar las sentencias judiciales y ha interpelado al Opus Dei si avala la postura del colegio. Ha reclamado al Departamento de Educación del Gobierno de Lakua que retire «cualquier tipo de subvención o ayuda pública» al centro y a la Fiscalía de la CAV que estudie acciones contra el colegio.
El padre y la madre del alumno que fue víctima de abusos sexuales por un exprofesor del colegio Gaztelueta que ha sido condenado a once años de prisión, han salido al paso de las declaraciones del director del centro, Imanol Goyarrola, y del presidente de la entidad titular, Juan Anguisola, en las que defendían al exprofesor y restaban credibilidad al alumno.
A la vista de las manifestaciones que hicieron y de los argumentarios que expusieron, han acusado al colegio de no respetar ni acatar las sentencias judiciales y han exigido que «quienes deben responder a la ya insoportable actitud de un colegio religioso concertado y acogido a una filosofía de educación diferenciada, lo hagan de modo urgente y sin contemplaciones». A su juicio, la «alarma social» producida por la «incalificable respuesta y valoración que los responsables del colegio Gaztelueta hacen de una sentencia contundente, razonada e impecable» exige que «una reacción firme no admita demoras, excusas ni vacilaciones a la hora de tomar las medidas precisas e ineludibles para censurar comportamientos que vulneran el Estatuto de la Víctima».
La familia Cuatrecasas «no da crédito» al «triste y patético espectáculo» ofrecido por la dirección del centro y se pregunta si el colegio, como obra corporativa del Opus Dei, «habla con la autorización de esa Prelatura».
Entienden que «de no surgir en los próximos días un comunicado oficial a través de la oficina de prensa del Opus Dei, avalan sin fisuras la postura del colegio, debido al concepto piramidal de la organización y a la condición de numerario del condenado, profesor de religión del colegio».
Para la familia, con sus declaraciones Goyarrola y Anguisola se creen situados «por encima del bien y del mal, arrastrando por el suelo los principios y valores de los que tanto presumen». Por lo tanto, consideran que no están capacitados «para seguir al frente de ninguna institución que afecte a la integridad y al desarrollo de la personalidad de infantes y adolescentes».
Solicitan la intervención de la Fiscalía y del Gobierno Vasco
Por ello, hacen un llamamiento al Departamento de Educación del Gobierno de Lakua para que «tome cartas en el asunto, exigiendo su cese inmediato y retirando cualquier tipo de subvención o ayuda pública a este centro escolar concertado mientras siga con tan hostil e imperdonable posicionamiento respecto a una víctima de acoso escolar, abusos y agresiones sexuales».
Han criticado que el colegio Gaztelueta, la Prelatura y el Obispo Mario Iceta, «lejos de acompañar» al alumno víctima de abusos sexuales «como bien recomienda el Papa Francisco, han estado ausentes y eso en el mejor de los casos». Van más allá y afirman que Gaztelueta «ha traspasado la frontera, ya no solo atacando a la víctima sino defendiendo a su pederasta al igual que ha ocurrido en la Iglesia en países como Chile, Irlanda, Australia, Polonia, Estados Unidos, tapando la cruda realidad y enviando al culpable a otro lugar como si con esa medida se arreglase el dilema». Por ello, piden a la Fiscalía del TSJPV que estudie acciones contra el centro.
La familia reitera que se reserva el derecho a emprender acciones legales contra Goyarrola y Anguisola, «en base a sus graves acusaciones», aunque cree que la comparecencia de estos «da para que intervenga la Fiscalía, para empezar, por una humillación a la víctima».
