Queremos decidir aquí sobre las pensiones

El nuevo estatus debe recoger la plena capacidad normativa en protección social

Patricia Alvarez I LAB Helduak eta Pentsionistak

La última ocurrencia de la Ministra Báñez consiste en la “ampliación del período del cálculo de la pensión a toda la ida laboral de forma voluntaria. La medida beneficiaría más a las trabajadoras que cobraron más al principio que al final”. Una medida que no resuelve el escollo de la Seguridad Social. Las políticas del Gobierno español ponen en riesgo nuestra pensiones. La actual situación del Sistema de Pensiones es consecuencia de la aplicación de dichas políticas. Políticas que tienen una clara dirección, un objetivo claro: precarizar para poder privatizar el sistema. Esa es la voluntad política del Gobierno español. Y lo que lleva haciendo durante años.

Así, las sucesivas reformas acordadas o no en el Pacto de Toledo han tenido dos objetivos fundamentales: endurecer el acceso a una pensión pública digna y reducir su cuantía por un lado y amenazar permanentemente un sistema público que dicen que es insostenible. En definitiva, precarizar para poder privatizar el sistema. El Gobierno y la gran banca han hecho y harán todo lo posible para pasar de un sistema de reparto (solidario) a un sistema de capitalización (individual) con el único fin de sacar beneficio del ahorro de los trabajadores.

Queremos resaltar la responsabilidad que tienen las políticas públicas de destrucción de empleo y bajos salarios en la insuficiencia económica del sistema. Se implanta la precariedad –interrumpiendo constantemente las vidas laborales y la irrupción de entradas en el sistema mediante cotizaciones sociales–, caen los salarios –por lo tanto menores cotizaciones sociales a la hucha–… Además, hay que resaltar también los miles de millones de euros que el estado ha sacado del Fondo de reserva.

Por ello, para dar la vuelta al sistema se deberían poner en marcha otro tipo de políticas públicas cuyo objetivo sean garantizar un empleo y pensiones de calidad. Y la tirita de Báñez esto no lo resuelve. Al contrario, todas las reformas y modificaciones de los últimos años, en lo referente a las pensiones, han ido en la misma dirección: destrucción del sistema público de pensiones. Y no se debe a su “insostenibilidade”, sino a una decisión política.

La “insostenibilidad” nada tiene que ver con la  evolución demográfica, sino con las políticas neoliberales que se aplican y el interés existente en raquitizar lo público para engordar lo privado beneficiando a los fondos privados de pensiones. Pero eso es algo que se puede y se debe evitar.

Sistema propio de protección social

La alternativa pasa por construir un sistema propio de protección social. La principal medida es apostar por el empleo de calidad y mejorar los salarios. Ello garantizaría una sueldo digno a quien trabaja y aumentaría las cotizaciones posibilitando una pensiones más dignas. Y habría que hablar también de la financiación, de cuál debiera ser la aportación de las empresas vía cotizaciones o vía fiscal. Hay margen para ello.

Pero falta voluntad e iniciativa política para defender nuestras pensiones, que son una parte muy importante de la protección social. No tenemos capacidad legislativa ni competencias para regular las pensiones ni las relaciones laborales. En el Estatuto de Autonomía se recoge el derecho a la gestión de la seguridad social, y en el Mejoramiento navarro ni siquiera eso. Y no queremos gestionar lo que decide Madrid, no queremos gestionar la raquitización del sistema público de pensiones, no queremos gestionar el empobrecimiento de las y los pensionistas.

Queremos decidir aquí sobre las pensiones y por eso decimos que el nuevo estatus debe recoger la plena capacidad normativa en protección social. Hablamos de la posibilidad de crear un Sistema Público de Seguridad Social y de protección social construido desde la participación social.

Han pasado 40 años desde que se aprobó el Estatuto y sigue sin cumplirse. 40 años después no se puede andar mendigando las trasferencias, que es lo que está haciendo el Gobierno Vasco. El Gobierno español está dejando muy claro que tiene intención de seguir incumpliendo el Estatuto de Autonomia. Desde Madrid han enfriado las expectativas que estaban generando desde el Gobierno Vasco. La situación no es de una bilateralidad con garantías, sino una imposición.

La pregunta que nos hacemos es si a estas alturas alguien cree que hoy por hoy se puede negociar un Estatuto que recoja el derecho a decidir con el Estado. Por eso pensamos que quienes defendemos la democracia y el derecho a decidir debemos responder como pueblo ante el proceso de involución política que vivimos.

Sareetara

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