Tras 22 meses de movilizaciones y concentraciones un lunes tras otro, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha anunciado en una multitudinaria rueda de prensa realizada ante el Ayuntamiento de Bilbao que dan por concluido el tiempo de las promesas y convocan manifestaciones en las capitales de la CAV y Navarra para el 16 noviembre, concentraciones ante los parlamentos de ambos territorios en diciembre y una movilización general contundente en enero, coincidiendo con el segundo aniversario del Movimiento de Pensionistas. Dan por “concluido el tiempo de las promesas” y llaman a la “movilización general”.
El movimiento de pensionistas constata que “si bien tras las movilizaciones iniciales fuimos capaces de conseguir algunas conquistas, estas siguen sin consolidarse porque están en vigor las leyes laborales y de pensiones que lo impiden y se sigue sin garantizar el sistema público de pensiones y unas pensiones dignas”, según anunciaron los portavoces del movimiento, Txomin Lorca y Arantza Corrales. Consideran que las promesas se repiten “pero nuestros problemas se agravan”, ya que a pesar de haber conseguido “que nuestras reivindicaciones ocupen un espacio central en las promesas electorales (…) las cosas que han prometido se podrían haber hecho y no se han hecho”, lo que les lleva a dar por “concluido el tiempo de las promesas”.
Exigen que las instituciones garanticen a las personas “el acceso a unas condiciones de vida dignas, mediante un empleo de calidad, unas pensiones públicas, justas y suficientes y unos servicios públicos universales”. Para ello, exigen que en los presupuestos de 2020 del Estado con de. la CAV y Nafarroa “se incorporen las partidas financieras necesarias para hacer realidad estos objetivos y se abandonen las políticas de privatización del sistema público de pensiones”.
Exigencias a las instituciones de la CAV y Nafarroa
El movimiento de pensionistas vasco exige a las instituciones tanto de la CAV y Nafarroa como estatales y a la patronal que garantice el sistema púbico de pensiones y unas pensiones públicas dignas, justas y suficientes, financiándolas si fuera necesario con presupuestos públicos y no con préstamos como ahora sucede; derogar las reformas laborales de 2010 y 2012 y los aspectos regresivos de las reformas de pensiones de 2011 y 2013; recuperar el poder adquisitivo de salarios y pensiones y su revalorización automática en función como mínimo del coste de la vida; pensión mínima de 1080 € y Salario Mínimo Interprofesional de 1200 €; que las personas jubiladas anticipadamente con 40 años de cotización no se vean penalizadas; erradicar la brecha de género en salarios, pensiones y condiciones de trabajo y empleo, con el 100% de la base reguladora para la pensión de viudedad; y garantizaar a todas las personas en situación de dependencia el acceso a una red pública universal y pagada con presupuestos públicos que asegure unas condiciones de vida dignas.
Para conseguir sus reivindicaciones, “que son las de la mayoría de personas, trabajadoras, mujeres, jóvenes, desempleadas, autónomas y pensionistas”, han anunciado su decisión de “dar un paso adelante en nuestras movilizaciones”, para lo que plantean compartir con las organizaciones sindicales, movimiento feminista, juvenil y estudiantil el llamamiento a implicarse activamente en las movilizaciones”.
Además, han convocado manifestaciones en las capitales el próximo 16 de noviembre, concentraciones ante los parlamentos en diciembre y una “movilización general contundente en enero, coincidiendo con el segundo aniversario de las actuales movilizaciones masivas del Movimiento de Pensionistas, que contará con la complicidad del movimiento estudiantil y juvenil, la organizaciones sindicales que así lo decidan y el movimiento feminista entre otros sectores sociales”.
70 pensionistas se concentran un nuevo lunes en el Bulevar
Setenta mujeres y hombres, viudas y pensionistas de Leioa se volvieron a reunir un lunes mas alrededor del pirulí del Bulevar de la Travesía Iparragirre de Leioa para exigir unas pensiones dignas y una pensión mensual mínima de 1080 € que permita vivir a todas las personas que dependen de una pensión pública en unas condiciones dignas.
