El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria se ha movilizado para exigir más oficinas, más personal y un trato humano a la banca I También lo han hecho ante los Parlamentos de Vitoria-Gasteiz e Iruñea, Juntas Generales y Ayuntamientos demandando una banca pública al servicio del ciudadano I Más de un centenar de pensionistas de Uribe Kosta se manifiesta con un tiempo desapacible en Berango para reivindicar unas pensiones públicas dignas y denunciar la actuación de la banca
El Movimiento de Pensionistas ha señalado que «los bancos, y antes también las cajas de ahorro, prestan un servicio público y cumplen la función de intermediarios financieros para facilitar la actividad económica y productiva. Pero lo cierto es que se han convertido en grandes enemigos del común de la ciudadanía y en especial de las personas mayores».
Los pensionistas ponen como ejemplo «el perjuicio causado con las «cláusulas suelo», la aplicación del Índice de Referencia para Préstamos Hipotecario (IRPH), los vencimientos anticipados de los créditos hipotecarios con un solo impago mensual, la práctica de cargar al hipotecado todos los gastos de constitución y las abusivas comisiones de apertura en las hipotecas, los incrementos en las comisiones por las tarjetas de crédito o débito» como algunas de las prácticas habituales de la banca.
El movimiento pensionista denuncia que el perjuicio causado a las personas mayores es aún mayor, «por la práctica desaparición de la relación personal y el establecimiento de cita previa a través del teléfono, que no siempre se atiende, obligando a la realización de las operaciones en internet, herramienta escasamente conocida por las personas mayores de 60 años». Y todo ello, apuntan los pensionistas, «para disponer de tu propio dinero».
A lo anterior el movimiento de pensionistas denuncia que entre las medidas tomadas con motivo del Covid-19, desde hace año y medio, «junto al cierre de oficinas la disminución de personal genera vergonzosas colas a las puertas de las oficinas» siendo nuevamente las personas mayores, «más sensibles a las inclemencias del tiempo por su edad y salud».
Los pensionistas no olvidan que en el ámbito rural 60 de los 251 municipios de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) no cuentan con sucursal bancaria, ni siquiera con un cajero, «obligando a 30.000 personas a desplazarse a más de 5 km de su domicilio para poder disponer de su dinero».
Apuntan desde el movimiento pensionista que ello ocurre tras haber sido una parte de la banca rescatada por el Estado, recordando que el rescate de Bankia, absorbida por Caixa Bank, costó a la ciudadanía 22.424 millones de euros, «de los que solo se ha devuelto al Estado 3.302 millones». Traen a colación también el pacto del BBVA con los sindicatos para despedir a 2.725 personas; el de Caixabank, que ha despedido a 6.452 empleados; o el del Banco Sabadell, que tras haber despedido a 1.800 personas en el primer trimestre del año, ha vuelto a anunciar su intención de realizar nuevos despidos.
Todo ello hecho a través de Expedientes de Regulación de Empleo, «lo que supone hacerlo con dinero público destinado al desempleo», denuncian los pensionistas. «Mientras tanto los beneficios de los tres bancos mencionados fueron en el primer semestre del presente año 4.181 millones de euros (Caixa Bank), 1.911 millones de euros (BBVA) y 220 millones (Banco Sabadell)». Y recuerdan además que la media de las retribuciones de los presidentes de la gran banca es de 4,08 millones de euros anuales, y la de los consejeros delegados de 3,05 millones de euros.
