Acuerdo de EH Bildu con el Gobierno español en torno a la Ley de Memoria Democrática 

El grupo soberanista votará a favor de la Ley de Memoria Democrática después de acordar con el Gobierno español la cesión del Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de Donostia, convertir el Fuerte de San Cristobal en lugar de memoria, declarar la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales franquistas, extender el límite temporal de aplicación de la ley hasta finales de 1983 y constituir una Comisión independiente con la finalidad de contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura.

Euskal Herria Bildu ha dado a conocer hoy el acuerdo alcanzado con el Gobierno español por el que apoyará la Ley de Memoria Democrática, tanto en la votación de la Ponencia de esta mañana como en la Comisión de la próxima semana. El voto favorable del grupo soberanista facilitará la aprobación de una ley que desde el inicio de la tramitación ha considerado del todo necesaria para avanzar en la construcción de una memoria compartida que garantice la verdad, justicia y reparación que debemos a todas aquellas personas que padecieron la dictadura franquista.

Pese a sus carencias y lagunas iniciales, durante las negociaciones de los ùltimos meses EH Bildu ha conseguido mejorar y complementar la Ley de Memoria Democrática con cinco avances importantes. Medidas que tendrán reflejo en una ley más completa, más ambiciosa y más respetuosa con los derechos humanos.

Fuerte de San Cristóbal

En primer lugar, y tras numerosos intentos de diversas instituciones públicas durante las últimas décadas, EH Bildu ha conseguido el compromiso del Gobierno español para adecuar el Fuerte de San Cristobal como Lugar de Memoria, a través de un convenio de colaboración con el Gobierno de Navarra. Proceder a la declaración del Fuerte como Lugar de Memoria en un plazo máximo de uno año permitirá realizar actividades relacionadas con la recuperación, salvaguarda y difusión de la Memoria Democrática.

De esta manera, el Gobierno de Navarra podrá hacer uso de los terrenos del Fuerte para convertirlo en un Lugar de Memoria en los términos que se recojan en la normativa navarra, tal y como vienen reclamando diversas asociaciones memorialistas.

Situado en el monte Ezkaba, a pocos kilómetros al norte de Iruñea-Pamplona, actualmente el Fuerte de San Cristóbal se encuentra abandonado, vacío y sin ningún uso. Ligado al Ministerio de Defensa y enclavado dentro de un Parque Medioambiental Comarcal, durante la Guerra Civil fue utilizado por el régimen franquista como cárcel para recluir a miles de presos políticos. El 22 de mayo de 1938 tuvo lugar la conocida fuga masiva de San Cristóbal que dejó 207 personas muertas en las cunetas.

Se trata, por tanto, de una de las fugas carcelarias más sonadas de toda Europa, así como la mayor huida de presos en el Estado español: un total de 795 presos antifascistas de diferentes lugares del Estado consiguieron huir de este Fuerte, de los cuales 207 murieron abatidos en el monte cercano a la prisión. A día de hoy, 150 presos siguen en paradero desconocido y los familiares de los reclusos asesinados confían en que la medida acordada sirva de ayuda y abra la puerta a conocer su paradero.

Palacio de la Cumbre

EH Bildu también ha acordado con el Gobierno la cesión del espacio y las dependencias del Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de Donostia. El Palacio de la Cumbre fue sede del Ministerio de Asuntos Exteriores durante las estancias veraniegas de Franco en el barrio de Aiete. Asimismo, fue la residencia del Gobernador Civil de Gipuzkoa y el lugar donde torturaron en 1983 a Lasa y Zabala antes de ser asesinados y enterrados en cal viva por miembros del GAL. La cesión del inmueble, así como de los terrenos y la documentación, deberá realizarse en un plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática.

En definitiva, en palabras de la portavoz Mertxe Aizpurua, son dos cuestiones de gran simbolismo y significado histórico para la ciudadanía vasca, que suponen un paso adelante en el reconocimiento y la construcción de una memoria compartida y van en consonancia con lo que piden asociaciones memorialistas.

Comisión independiente

Del mismo modo, gracias a una enmienda de EH Bildu, se constituirá una Comisión independiente con la finalidad de contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista mediante la recepción de testimonios, información y recopilación de documentos. Dicha comisión contará con personas de reconocido prestigio académico en el ámbito de los Derechos Humanos, que se encargarán de elaborar un informe para sistematizar toda la información existente. Al mismo tiempo, emitirán conclusiones y harán recomendaciones para garantizar el reconocimiento oficial y la reparación de las víctimas.

Ilegalidad de los tribunales franquistas

EH Bildu también ha acordado con el Gobierno declarar de manera explícita en la ley la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales franquistas constituidos a partir del Golpe de Estado de 1936, así como la nulidad de todas sus resoluciones y condenas. Por último, EH Bildu ha logrado extender el límite temporal de aplicación de la Ley de Memoria hasta finales de 1983, un avance relevante que permitirá abrir vías de reconocimiento y reparación a víctimas de vulneraciones de derechos humanos ocurridos más allá del 1978, en el post-franquismo; víctimas todas ellas abandonadas y olvidadas por las instituciones hasta ahora.

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