Xabier Sainz de la Maza Bilbao I Abogado
Todos sabemos del carácter mediático de la Audiencia Nacional. En dicho órgano judicial se juzgan las causas que suscitan mayor debate televisivo, siendo el “caso Altsasu” uno de los últimos que ha llenado portadas, tertulias y artículos de opinión. El que en su día fue el Tribunal de Orden Público ha estado rodeado de polémica durante su largo recorrido, tanto por su origen preconstitucional y su carácter especial para juzgar determinados delitos, como por el criterio interpretativo que ha venido adoptando respecto de determinados hechos sensibles.
El próximo 16 de septiembre se dará comienzo en dicho tribunal a un nuevo juicio, controvertido por la dudosa existencia de los delitos enjuiciados y por la posible vulneración de derechos fundamentales de los acusados. En este macrojuicio que deriva del sumario 11/13, que fue iniciado hace ya seis años, se enjuiciará a 47 ciudadanas/os vascos por su actividad en diferentes organizaciones: Herrira, Etxerat, Jaiki Hadi y los Intermediarios del EPPK (Euskal Preso Politikoen Kolektiboa o Colectivo de Presos Políticos Vascos). También se juzga a varios/as abogados/as de los presos y presas pertenecientes a este colectivo (EPPK).
Sobre todas estas personas pesa una petición fiscal de cárcel, así como como de inhabilitación, libertad vigilada y multas, según el caso. La amenaza de cárcel total asciende a 601 años, siendo de 20 años y medio la petición de prisión más alta y de 8 años la más baja.
¿Qué son estos colectivos?
- Herrira, organismo que nació en 2012 con el objetivo de “situar en cauces de solución la situación de las personas presas y exiliadas en el marco de la construcción de la paz en el País Vasco”.
- Intermediarios del EPPK que, tal y como manifiestan en su página web, surgió tras los debates producidos en las cárceles a lo largo de 2011 y tomar el EPPK las decisiones para adecuarse a la nueva situación política surgida en ese año (refiriéndose al cese de la actividad violenta por parte de ETA). El grupo de intermediarios estaba formado por personas en libertad, que hacían de puente entre el propio EPPK y diversos colectivos políticos, sindicales y sociales. Éstos intermediarios evitaban así los obstáculos que existen, inevitablemente, como consecuencia de la privación de libertad, la dispersión y el aislamiento de las personas presas.
- Abogados del EPPK de los cuales, en 2015, y dentro de las investigaciones del mismo sumario, 12 eran detenidos en una operación policial desarrollada en diferentes puntos del Estado. El Ministerio de Interior les acusaba públicamente de “trasladar directrices” de ETA para evitar disidencia en el colectivo de presos”. Posteriormente analizaremos si esta imputación merece de verdad un reproche penal.
- Etxerat, asociación que agrupa a “familiares y allegados de presos/as, exiliados/as y deportados/as políticos vascos” y de la que, también en 2015, se procedía a detener e imputar delitos de pertenencia a organización terrorista . Su labor es la de denunciar“la vulneración de derechos de sus familiares y los suyos propios y su utilización como instrumento de chantaje, presión y venganza.”
- Jaiki hadi, asociación formada por personas del ámbito sanitario (médicos/as y psicólogos/as) de la que en el mismo 2015 se detuvieron a dos personas. Sus integrantes realizan, entre otros, “el seguimiento de la salud de las y los presos políticos vascos, la asistencia de terapia psicológica tanto a sus familiares como a las y los ex presos o exiliados y el tratamiento de las personas que han sufrido la tortura. Asimismo, Jaiki Hadi realiza una denuncia pública de las conculcaciones que padecen las personas presas y exiliadas en el ámbito sanitario. Una denuncia que se produce mediante la producción de diversa documentación e informes médicos.”
