No obstante, creen que el recurso de vivir en una residencia, “cuando es una decisión aceptada, representa una elección positiva en sí misma, si no fuera porque las residencias de mayores, como las conocemos y las sufrimos, no responden a nuestras necesidades ni a nuestras economías de clase trabajadora. Son un modelo privatizado al que las instituciones vascas han cedido el control y, sin embargo, los cargos políticos estánn satisfechos, mostrando una actitud pasiva”.
Se queja el movimiento pensionista de que la atención privada se encuentre orientada al beneficio y en una situación de bajo mantenimiento, servicios sociosanitarios insuficientes, ahorro en cuidados y empleo de calidad, con la subcontratación como práctica común. Ello lleva, según el Movimiento de Pensionistas de Bizakai (MPB), a que “el coste real de la atención residencial esté muy por debajo de lo que paga la Diputación foral.
Un sector feminizado
El de las residencias de mayores es un sector feminizado. Las personas residentes son mayoritariamente mujeres, y a su vez, habitualmente cuidadas y atendidas por mujeres. “Este modelo institucional ya no vale”, afirma el movimiento de pensionistas. Entre otras cosas porque “las personas mayores no podemos decidir cuándo nos levantamos o nos acostamos, a qué hora y qué comemos, si salimos o no del centro”. Y reclarman que si llegan a ser usuarias de las mismas, “se nos atienda dignamente”.
Plantean como solución al problema actual erradicar los macro-centros, pasando a un modelo de “atención centrada en la persona”, adecuando el número de plazas residenciales a las necesidades de las personas dependientes” y con una atención sanitaria en las residencias públicas y concertadas “protagonizada por el sistema público de salud, implementando la prevención Osakidetza”. Reclaman también controlar la atención residencial desde las instituciones públicas en base a criterios de calidad. Aseguran también que “la privatización no supone una mejor atención”, y que existen herramientas y profesionales pero que “falta sistematización y dotación”.
El movimiento de pensionistas afirma que sí hay recursos. “Cada persona que trabajó en 2018 en la Comunidad Autónoma Vasca produjo una media de 82.300 euros de riqueza”, pero además apuntan a que “Hacienda debe recaudar el Impuesto de Sociedades que corresponde y no se paga, sin olvidar que por cada millón de euros invertidos en Dependencia se generan entre 37 y 50 puestos de trabajo estables”, además de precisarse “una nueva fiscalidad”.
Por ello llaman a defender la sanidad pública como fórmula para garantizar una antención pública de calidad y para el conjunto de la población.