El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha denunciado hoy la situación de deterioro del sistema sanitario público en sus concentraciones ante la sede de Osakidetza y algunos centros de salud de los municipios donde, lunes tras lunes, realizan sus concentraciones. En ellas han anunciado que apoyarán las iniciativas sociales y sindicales que se promuevan para denunciar las carencias del sistema de salud vasco “sometido a un proceso de recortes en la prestación de servicios, falta de inversión y de personal sanitario que reducen ostensiblemente las posibilidades de hacer efectivo el derecho a la salud con carácter universal”.
“Dicho proceso tiene como contrapartida el crecimiento de la sanidad y los servicios socio sanitarios privados para que ciertas empresas privadas vascas y multinacionales hagan negocio con la salud de las personas”, han manifestado sus portavoces.
El MPEH cree que “con la pandemia quedó en evidencia un problema estructural que se está manifestando un día sí y otro también en múltiples planos del sistema sanitario: atención primaria, servicios socio-sanitarios, falta de personal y condiciones de trabajo, falta de diálogo y actuaciones prepotentes de los responsables políticos”. Problemas que “lejos de resolverse se agudizan”.
Menor capacidad de gasto en sanidad
El presupuesto de los Gobiernos de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra en 2022 y 2023 “aunque incrementan las partidas destinadas a la sanidad ni siquiera cubren el incremento del IPC de estos años con lo que con el mismo dinero del año anterior se tendrá menor capacidad de gasto”, ha asegurado el Movimiento de Pensionistas. Y han puesto en evidencia que tanto en la CAV como en la Comunidad Foral de Navarra (DFN) la inversión sanitaria respecto al Producto Interior Bruto (PIB) se sitúa en el 2%, por debajo de la media de la UE 28, lo que implicará “una minorización de recursos de unos 2.000 millones de euros”.
Asimismo, han afirmado que “los ratios de camas por 1000 habitantes y los de personal médico y de enfermería están por debajo de la media de los países de la OCDE en más de un punto, y la tasa de temporalidad se sitúa en Navarra en más del 50% de la plantilla y en más del 40% en la CAV”. A esta falta de dotación de recursos atribuyen los pensionistas el cierre de servicios de los Puntos de Atención Continuada (PAC) y consultorios en el entorno rural, la disminución de horarios de atención en ambulatorios, el colapso de la Atención Primaria y la atención presencial, la reducción a su mínima expresión de los servicios, el empeoramiento de las condiciones de trabajo del personal sanitario y el deterioro generalizado de la atención sanitaria pública, “que se mantiene en pie por el compromiso personal de las personas que la prestan”.
Para el Movimiento de Pensionistas, las decisiones tomadas sólo tienen un objetivo: deteriorar la sanidad pública y relegarla a una asistencia de mínimos para conseguir impulsar la sanidad privada entre quienes se la pueda permitir. Por ello, han exigido “un cambio de rumbo radical de la política sanitaria en la CAV como en Navarra”.
