Presentan alegaciones contra las propuestas de sanción económica por poner carteles y pasar megafonía

El alcalde del PNV pretende aplicar normativa ya derogada para imponer sanciones económicas que alcanzan los 2.361 euros por la realización de labores de propaganda social o política I Los vecinos denuncian que se vulneraría el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y el derecho fundamental a “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción” I Denuncian que el alcalde, Iban Rodríguez (PNV), no es competente para imponer las sanciones económicas que les pretende imponer

Seis de las ocho personas a las que el alcalde del PNV, Iban Rodríguez Etxebarria, pretende multar económicamente por pegar carteles de carácter social o político –en su mayoría llamando a las movilizaciones de Barrios Conectados Leioa en contra de la salida hacia el municipio desde el tronco de la Avanzada que pretendía cerrar la Diputación Foral de Bizkaia– han presentado hoy alegaciones a las resoluciones de la alcaldía en tal sentido.

Las propuestas de sanciones económicas suman un total de 2.361 euros y van desde los 150 euros por pasar megafonía hasta los 201 euros por pegar carteles. Los vecinos afectados son Borja González Vivanco, miembro de Barrios Conectados Leioa, por pasar megafonía llamando a una movilización de dicha plataforma vecinal; Joserra Elkoroaristizabal, Joseba Ibarretxe, Enrique Sanz y Gabi Elkoroaristizabal, por poner carteles de la plataforma ciudadana en contra de la intención de la diputación foral –con el beneplácito del Gobierno municipal del PNV y PSE–; Alberto Gabito y Gabi Elkoroaristizabal por poner un cartel/mural en reclamando una república vasca independiente; y, por último, dos vecinos de Getxo por poner carteles de la organización Jarki. Estos últimos no han presentado alegaciones y han pagado la sanción planteada por el alcalde del PNV.

Vulneración del Convenio de los Derechos Humanos  y la legislación española

Los seis vecinos que sí han presentado alegaciones en contra de las pretensiones sancionadoras del regidor peneuvista señalan en sus alegaciones que la pretensión del alcalde es contraria al artículo 7 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, que plantea que “nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional”. Y consideran que también se lesiona o se limita sin justificación el derecho fundamental “a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”.

Las seis personas que han presentado alegaciones señalan que la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, y la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local modificaron la Ley de Bases de Régimen Local, la cual señala, en su artículo 84bis que “con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo. No obstante, podrá exigirse una licencia u otro medio de control preventivo respecto a aquellas actividades económicas cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación“.

Los alegantes señalan que “anunciar cuestiones políticas o sociales de ningún modo es una actividad económica, por lo que no puede estar sujeta a licencia o comunicación previa” y, por lo tanto, “es nula la disposición que califica como infracción no pedir licencia para pegar carteles y nula la sanción correlativa”.

Pretenden aplicar normativa municipal ya derogada por legislación más actual

También señalan estas seis personas a quienes pretenden multar que se les quiere aplicar normativa derogada en lo relacionado a la publicidad exterior, como la llamada Ordenanza de Buen Gobierno, por lo que entienden que “imponer una sanción prevista en una norma derogada es lesionar gravemente el principio de tipicidad de las infracciones y las sanciones, dando lugar a un acto administrativo radicalmente nulo”.

Si ello no fuera suficiente, las seis personas alegantes ponen de manifiesto que se califica como grave unas actuaciones que según la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local en ningún caso reúnen los requisitos exigidos por dicha Leya para ello, por lo que entienden que “será nula la disposición reglamentaria y por lo tanto la sanción que califique como grave una actuación que no tenga esa incidencia”.

El alcalde no es competente para para imponer estas sanciones

Igualmente señalan que, en otros casos, el Gobierno local del PNV y PSE pretende utilizar la Ordenanza sobre Civismo del 2007 para sancionar a estas personas, cuando la misma “está derogada en lo relacionado con la publicidad exterior” . Además, apuntan que pegar un cartel en una propieda privada no puede ser considerado infracción grave, vulnerando lo dispuesto en la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, por lo que sería nula la pretensión municipal de multar por tal motivo a estos vecinos. Pero, además, ponen en evidencia que, si se pretendiera considerar aplicable la Ordenanza sobre Civismo, su artículo 48.2 establece que “las infracciones de lo dispuesto en esta Ordenanza serán sancionadas por la Junta de Gobierno Local”, es decir, que no sería competente el alcalde, Iban Rodríguez, para imponer sanción por ello, algo que pretende hacer con cinco vecinos a los que se pretende multar por colocar carteles.

Sareetara

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