La red ciudadana Sare ha hecho su valoración sobre la situación actual de las presas y presos vascos.
Sus portavoces, Bego Atxa y Joseba Azkarraga, han recordado que hace un año se vivía una situación que “invitaba a ser optimistas, pues se acababa una especie de primera parte de la política de alejamiento, con todos los presos y presas más cerca”. Un año después consideran que que se ha producido una evolución ” lenta, pero positiva, con auténticos parones y nuevos movimientos más recientemente, que nos permiten albergar la esperanza de que lleguemos al kilómetro 0 en los próximos meses” y con una parte importante de dichos presos y presas “ya ubicados en centros penitenciarios de Euskal Herria”.
47 personas ubicados fuera de Euskal Herria
Para hacer frente a esos patrones Sare plantea la necesidad de “continuar insistiendo y empujando para que lo que ahora la inmensa mayoría política entiende que era un derecho indubitado –cumplir las penas en las cárceles más cercanas al domicilio de cada cual– se acabe respetando de manera absoluta y urgente”.
Según los datos de Sare, cuatro años después de que Pedro Sánchez anunciara un cambio de la política penitenciaria y el fin del alejamiento “aún un 28% de estos presos –47 personas–, se encuentran ubicados lejos de sus casas., por lo que, “desgraciadamente, no podemos decir que la política de alejamiento haya finalizado”. Azkarrag y Bilbao han denunciado también la situación de los presos y presas vascas en cárceles francesas, “algunos con cadenas perpetuas”.
No obstante, Sare ha recordado que cuando hablan de políticas penitenciarias de excepción no se refieren solo al alejamiento. “Hay otras formas de vulneraciones de derechos e incumplimientos de la Ley General Penitenciaria, de sus normas y reglamentos”, concluyendo que “la excepcionalidad continúa siendo la norma de actuación de la Administración penitenciaria”.
La vuelta a casa de los presos y presas, de acuerdo con la legislación ordinaria se ha convertido en una carrera de obstáculos a pesar de que algunos presos “han conseguido entrar en el régimen de permisos y otros han progresado al tercer grado, o a alguna forma de cumplimiento en semilibertad” que han valorado positivamente.
El papel de la Audiencia Nacional
Sin embargo, Sare ha asegurado que el proceso de vuelta a casa “se ve interferido por la acción de diferentes órganos y administraciones por la existencia de esa legislación excepcional en la que juega un determinante la Audiencia Nacional (…), anclada en una posición de bloqueo de cualquier avance hacia la normalidad”.
Atxa y Azkarraga han asegurado que la posición de la Audiencia Nacional es de “cerrazón ante la posibilidad de que las personas presas puedan disfrutar de permisos, puedan progresar a un régimen de semilibertad y ante la posibilidad de que se recorten las penas como consecuencia de los beneficios penitenciarios a los que todo preso o presa tiene derecho”.
Y han aportado un par de datos: “el 90% de los presos vascos está en situación de disfrutar de permisos penitenciarios y, sin embargo, no más de treinta lo están haciendo”. Situación similar con las progresiones a tercer grado y a la semilibertad: “Unos 80 presos y presas están en condiciones, por el tiempo de privación de libertad cumplido, y no más de 20 están en esa situación”. Situación que, afirma Sare, “sería una ingenuidad interpretar que se debe a razones jurídicas”.
Bien al contrario, Sare atribuye al “impulso político” que se está llevando a cabo en los órganos judiciales y a que “la Audiencia Nacional se ha convertido en el órgano jurídico de la extrema derecha política”, que desoye “las recomendaciones y las propuestas que hacen las Juntas de Tratamiento, las direcciones de las cárceles, los técnicos y las personas que conocen la evolución de los presos y presas vascas”, lo que lleva a que “sistemáticamente se recurran por la fiscalía las decisiones que toman quienes están en el día a día de estos presos y presas, llegando incluso a suspender la libertad reconocida por la Administración Penitenciaria, antes de que se apruebe o no el recurso de la Fiscalía”, algo que han calificado como “cruel e ilegal”.
Sare, tras reconocer el trabajo “positivo” de los técnicos y las Juntas de Tratamiento, ha defendido que la legislación de excepción “o es interpretada de manera radicalmente diferente o es derogada, puesto que, de otra manera, será imposible que algunas de estas personas logren salir vivas a la calle”.
Exigen el fin de la excepcionalidad
Sare ha asegurado que “no pedimos ningún privilegio, exigimos el fin de la excepcionalida”, rechazando la aplicación de criterios de lucha antiterrorista “cuando ya han pasado once años desde que desapareció la actividad de ETA y más de cuatro desde que se disolvió”.
La red ciudadana defiende “frente a la venganza y los criterios políticos, que se apliquen criterios de estricta justicia, de modo que las personas que estén plenamente capacitadas para volver a la sociedad no se pudran, sin sentido, en las prisiones”, algo que considera Sare “un criterio básico de toda la legislación penitenciaria ordinaria, que debe ser también el que rija para los presos y presas vascas”.
En consecuencia Sare reclama que se reconozcan los derechos fundamentales de las personas en prisión, que ha resumido en su derecho a cumplir la condena cerca del domicilio habitual; el derecho a disfrutar de su vida familiar, “que también corresponde a las personas en prisión”; el derecho a la vida que garantiza su derecho a la salud, “en especial el de las personas con enfermedades que suponen un riesgo evidente para su vida”; el derecho a que las condenas no se alarguen en el tiempo, “convirtiéndolas en condenas a perpetuidad (para lo que es imprescindible volver a la jurisprudencia de los tribunales que contabilizaban en las condenas los períodos cumplidos en prisiones de otros estados miembros de la UE)”; y el fin de toda legislación de carácter de excepción “que está impidiendo la normalización en nuestro país”.
