Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria
Coincidiendo con la salida de la Bizikleta Martxa pensionista de la capital alavesa camino a Altsasu, el 20 de junio una representación del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, de la que formaban parte miembros de la Bizikleta Martxa, hicieron entrega de un documento a representantes de todos los grupos políticos del Parlamento, salvo a Vox, titulado Comparecencia del MPEH en la Comisión de Trabajo y Empleo sobre el Proyecto de Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión. Debido a su extensión, sólo recogemos algunos extractos.
“El MPEH llevamos más de cuatro años reivindicando una pensión mínima de 1.080 euros en 14 pagas, por considerar que responde a los criterios de suficiencia fijados en la Carta Social Europea. Una reivindicación que ha tenido reflejo en la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, que obliga al gobierno estatal a revisar este año la cuantía de las pensiones mínimas teniendo en cuenta la evolución del salario mínimo interprofesional”.
“Es en este marco en el que defendemos que las pensiones contributivas de la seguridad social garanticen una pensión mínima de 15.120 euros al año (1.080×14), transitoriamente 14.000 euros anuales, equivalentes al actual SMI, si bien, al ser los poderes públicos los destinatarios de la exigencia legal, corresponde a la CAV satisfacer este derecho de las personas pensionistas dentro de las competencias previstas en el Estatuto de Autonomía”.
“Para el MPEH, y para el conjunto del movimiento sindical, salarios y pensiones están intrínsecamente unidos, mediante una relación que consideramos positiva e irrenunciable. Es por ello que, para las pensiones mínimas estimamos que deben responder al 100% del SMI, tal y como se recogió en su día en la Ley Vasca 18/2008, para la Garantía de Ingresos”.
“Esta propuesta reivindicativa no tiene encaje en el actual Proyecto de Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión. La realidad es que, a diferencia del conjunto de la población a la que se dirige la RGI, las personas pensionistas, especialmente las que perciben menos de 1.000 euros al mes, tenemos una característica singular, la de que, en general, dependemos de nuestras pensiones para vivir hasta morir. Somos personas que después de toda una vida laboral estamos recibiendo pensiones a las que tenemos derecho pero que no son suficientes pata tener un nivel de vida digno”.
“En Euskadi, según el 11º Informe Indicador Arope, hay más de 153.000 personas pensionistas que están por debajo del umbral de la pobreza, ingresando menos de 688 euros mensuales, y más de 72.000 en pobreza severa, con pensiones inferiores a 458 euros mensuales. La inmensa mayoría son mujeres, y muchas de ellas tienen más de 80 años y están solas. Sin embargo, según datos oficiales del GV a principios de este año sólo 12.933 de los 52.729 expedientes RGI activos corresponden a personas pensionistas”.
“Por todo ello, el MPEH hemos planteado a los grupos parlamentarios del Parlamento Vasco el crear una ponencia para debatir la posibilidad de garantizar unas pensiones mínimas de 1.080 euros a las personas pensionistas vascas con un marco normativo propio fuera de la RGI”.
“En cualquier caso, en el marco del actual Proyecto de Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y Para la Inclusión, planteamos:
1.- Recuperar para las personas pensionistas lo establecido en la Ley 18/2008 de 23 de diciembre, para la Garantía y la Inclusión Social. Es decir, la renta máxima garantizada para las unidades de convivencia integradas por personas pensionistas será del 100% del SMI para las unipersonales, 125% del SMI para las unidades de dos personas, y 135% del SMI para las unidades de 3 o más personas.
2.– Además, en relación a las personas pensionistas, debe ser cada persona individual el sujeto de derecho a tener una renta suficiente en la vejez, independientemente de sus relaciones de convivencia, de conformidad con la Carta Social Europea y el Pilar Europeo de Derechos Sociales.
3.– Nuestro rechazo a que cuando haya más de una unidad de convivencia en un mismo domicilio, apliquen un índice corrector consistente en reducir la prestación en un 15%. Esta penalización persigue ahorrar sin considerar el grave problema de la vivienda que no tiene por qué ser deseada ni deseable. También, en línea con el objetivo de reducir requisitos y trabas burocráticas para que la cobertura sea lo más amplia posible, manifestamos nuestro desacuerdo con la exigencia de tres años de residencia efectiva cuando sería suficiente con un año como requisito para tener derecho tal y como ocurre con el Ingreso Mínimo Vital”.
Este documento será la referencia con la que seguiremos los debates sobre el nuevo Proyecto de Ley de la RGI defendiendo públicamente los criterios y propuestas que en él se recogen.
