La nueva Ley de Vivienda acordada por EH Bildu y ERC con el Gobierno español fija topes al alquiler

EH Bildu y ERC han acordado con el Gobierno español una nueva Ley de Vivienda que contempla fijar topes de alquiler a grandes y pequeños propietarios de viviendas I Oskar Matute ha asegurado que la ley “por fin reconocerá el derecho a la vivienda”, y que se trata de un “acuerdo importante de enorme trascendencia, social y político”

En una rueda de prensa conjunta de Oskar Matute por parte de EH Bildu y Pilar Vallugera de ERC, han dado cuenta del resultado de una negociación “discreta que ha durado más de un año” con el Gobierno español.

Matute ha subrayado de que se trata de un acuerdo por el cual la ley “por fin reconoce el derecho a la vivienda”, que “mejora las condiciones de vida”, y que por ello los 18 votos de EH Bildu y ERC en el Congreso posibilitarán la aprobación de la misma, que esperan se apruebe en esta legislatura.

Los diputados han aclarado que las principales medidas afectan a las zonas que las comunidades autónomas o ayuntamientos declaren como “tensionadas”. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que una zona (distrito censal) pueda ser declarada tensionada? Que los inquilinos destinen más del 30 % de sus ingresos medios al pago del alquiler o hipoteca y gastos básicos, o que los precios hayan subido durante los últimos 5 años un 3 % por encima del IPC. Cumplir una de las condiciones es suficiente para declarar zona tensionada.

En ese punto, Matute ha recordado que en la CAV la media de pago por la vivienda llega al 30,26%, con lo que “podría declararse zona tensionada toda la comunidad”. Ha aclarado que la declaración de las zonas siempre dependerán de la voluntad de las comunidades autónomas o ayuntamientos, pero subrayando que ya se cuenta con herramientas para poder topar los precios.

Serán regulados y topados todos los alquileres en áreas tensionadas “en todos los casos”. Esto será efectivo tanto para grandes como pequeños propietarios, así como para contratos de inmuebles que ya estén en el mercado de alquiler y para nuevos contratos.

Los topes se establecerán, dependiendo de la modalidad de contrato y propiedad, mediante la indexación a la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios y mediante la aplicación del índice de contención de precios para los grandes tenedores.

“Siempre por debajo del IPC”

Como medida general, los precios del alquiler no podrán subir más del 2 % en 2023 y un 3 % en 2024, y a partir de 2025 se hará el cálculo a través de un índice que todavía no se ha detallado, aunque “siempre por debajo del IPC”.

Además, el acuerdo incorpora cambios en la definición de “gran tenedor”, de modo que las comunidades autónomas podrán, en función de sus competencias y atendiendo a sus realidades, rebajar esta condición de los diez inmuebles establecidos por el proyecto del Gobierno a los cinco que finalmente se incluirán en la Ley.

Así, los propietarios que posean cinco o más inmuebles en un área tensionada, se considerarán grandes tenedores y se aplicarán las medidas y especificidades concretas para este tipo de propietario, con lo que se pretende evitar la especulación y el acaparamiento de inmuebles de los “fondos buitre” y demás fondos de inversión.

Desahucios

En materia de desahucios, se prohibirán aquellos sin fecha y hora predeterminada, una “demanda histórica de los movimientos por la vivienda para acabar con la incertidumbre e indefensión de los inquilinos”, según ERC y EH Bildu.

También se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos más de dos años, y se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudicial para las personas vulnerables.

Además, las comunidades autónomas podrán articular mecanismos propios de mediación y alternativa habitacional que consideren oportunos, forzando a los grandes tenedores que realicen desahucios a someterse a los mismos.

Por primera vez se reconocerá la capacidad de poder utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda a ofrecer alternativas habitacionales para personas en riesgo de desahucio mediante alquileres sociales bonificados, realojamientos de personas en situación de vulnerabilidad o cualquier otra política similar.

Gastos inmobiliarios

El acuerdo conocido hoy también contempla medidas de protección a los inquilinos; así, los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario.

Asimismo, se prohíbe aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos, que obligarían a los inquilinos a abonar gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro no atribuible que no estuvieran acordadas previamente.

Sareetara

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