Presentan sus alegaciones contra la modificación del monte Kurkudi las Asociaciones de la zona

Las Asociaciones Vecinales de San Bartolomé y Artatzagane, la Asociación cultural Auzotarrok y la plataforma SOS Kurkudi han presentado hoy martes en el Registro municipal sus alegaciones a la aprobación inicial de la propuesta de modificación de la clasificación y uso de las parcelas del Convento de las Dominicas. Las mismas han ido acompañadas de las firmas logradas hasta el momento a través de la plataforma change.org como en papel, que suman más de 3.100 hasta ayer lunes.

Las alegaciones han sido presentadas en dos escritos, firmados por los representantes de las asociaciones del entorno del monte Kurkudi. En esta información leihoa.info resume las del primero de los escritos presentados por el movimiento asociativo de los barrios más afectados por el proyecto de modificación del PGOU en los terrenos del Convento de las Dominicas.

Tras una pequeña introducción, los organismos asociativos presentan un total de doce alegaciones y un último apartado “sobre las alternativas” contempladas en el expediente.

Cambio sustancial que parece querer “colarse de tapadillo”

Las asociaciones vecinales y cultural señalan que el cambio sustancial en el objeto de la modificación planteado por la promotora Grupo Atutxa S.L. en nombre de la Congregación de las Madres Dominicas “parece querer “colarse de tapadillo”, sin que nada se exprese ni justifique sobre las causas y razones de dicho cambio, ni en la Memoria del proyecto ni en los correspondientes informes técnicos ni en la Aprobación inicial, que ahora se somete a exposición pública”.

En su escrito señalan que el borrador de mayo de 2017 plantea la modificación como un cambio de Suelo No Urbanizable a Suelo Urbano, siendo en base a la misma que se tramita la Evaluación Ambiental Estratégica y el decreto de Alcaldía que acuerda formular dicha modificación y el Programa de Participación ciudadana, y no es hasta la Memoria de octubre de 2019 cuando se plantea un cambio radical del objeto y se tramita la modificación como un cambio a Suelo Urbanizable Sectorizado, “sin ningún tipo de razonamiento o argumentación justificadora”, por lo que entienden que debería retrotraerse el procedimiento y tramitar una nueva Evaluación Ambiental Estratégica y “formular la modificación en base al contenido real de la propuesta que ahora se hace”.

Las asociaciones plantean que, igualmente, se han producido cambios sustanciales en la tramitación administrativa que afectan “a la superficie construida, la edificabilidad, a los desmontes de tierra a realzar… y a los impactos derivados de dichas actuaciones”.

Sin embargo, argumentan que aunque el Objeto de la modificación urbanística ha cambiado, “la finalidad última sigue siendo la misma: desproveer y reclasificar un Suelo No Urbanizable (SNU) para permitir su urbanización, dedicada a un uso y actividad lucrativa de carácter privado”, sin analizar las necesidades o interés público ni la evolución lógica del municipio, “sino los intereses de las propietarias de sacar el máximo beneficio económico a su propiedad”, para lo que se propone únicamente la reclasificación y recalificación de de las parcelas del convento, “que quedarían como una “isla urbana” rodeada de suelo no urbanizable. Y que hoy tendrían un uso deportivo y mañana cualquier otro con la rentabilidad económica suficiente”.

Una modificación no motivada

Consideran asimismo que los promotores de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ni motivan o justifican suficientemente ni responden a la realidad de los motivos aducidos para promover la modificación que plantean.

No obstante, recuerdan en su escrito que la modificación planteada por la promotora, el Grupo Atucha S.L., se basa en “la reclasificación de los terrenos para la puesta en valor de la edificación y de la parcela que la contiene dada su capacidad para albergar usos deportivo en un entorno apropiado”, además de que “la necesidad de proceder a la reclasificación del ámbito como suelo urbano viene motivada por la necesidad de dotar de ordenación pormenorizada apropiada al uso futuro de la parcela, haciéndolo en consonancia con el PGOU de Leioa vigente, donde los equipamientos deportivos se sitúan en suelo clasificado como urbano” -según se recoge en el primer borrador de la propuesta presentada y el escrito de solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica-.

Una justificación que en la Memoria de octubre de 2019 señala que “es dar respuesta a la creciente demanda de instalaciones deportivas existente tanto en el municipio de Leioa como en municipios cercanos, aprovechando y poniendo en valor un edificio existente”, argumento refutado por las asociaciones que manifiestan que “no corresponde al Ayuntamiento poner en valor un inmueble y velar por la conservación del patrimonio” de una propiedad privada, algo que es obligación del propietario, siendo la competencia del Ayuntamiento “exigir el necesario estado de conservación y, en caso de que no se cumpla, actuar en consecuencia”, además de que “proteger o poner en valor un edificio ni justifica ni puede implicar una reclasificación y recalificación de suelo de todo el ámbito territorial donde se haya inserto ni hace necesario la construcción de nuevos edificios alrededor”; es decir que “para velar por el patrimonio edificado no es necesario destruir el patrimonio natural adyacente”, además de que “existen otras alternativas y posibilidades de uso para el edificio sin alterar los valores medioambientales y paisajísticos del entorno”.

Argumentan también que la demanda de instalaciones deportivas “no justifica la reclasificación de un Suelo No Urbanizable para cubrirla, cuando precisamente el PGOU contempla que tales actividades deben instalarse en Suelo Urbano o Urbanizable”, además de que el propio PGOU “observa un fuerte desequilibrio en la distribución de los equipamientos”. Así, los barrios de Sarriena y Negurigane, “en la que reside el 17% de la población concentra el 74% del espacio deportivo (…) y posee también el 83% de las zonas deportivas abiertas del municipio. En resumen, nos encontramos ante una oferta pública precaria y territorialmente desequilibrada. Todo ello aconsejaría una política de equipamientos deportivos que ajustara los desequilibrios apuntados”.

Por todo ello, señalan que “no es de recibo una modificación del PGOU, ocupando SNU y destruyendo un espacio natural, y justificarla como satisfacción de necesidades públicas, cuando responde a expectativa de negocio de carácter y destino privado.”

Vacas pastando en una parcela anexa al Convento de las Dominicas. Fotografía: leihoa.info

No cabe la reclasificación de suelo no urbanizable

En su escrito, las Asociaciones vecinales y cultural de la zona apuntan igualmente que “no pueden tramitarse modificaciones parciales como la presente que afecta a determinaciones o elementos propios del Plan General, como es la clasificación del Suelo No Urbanizable” al haber expirado el plazo de vigencia del PGOU (8 años) y producirse “los supuestos o circunstancias previstos en el propio plan para su revisión” (población superior a 30.000 habitantes).

Además, señalan también que tampoco se dan “las circunstancias exigibles para ser considerado Suelo Urbano o Urbanizable”, entre otras cosas porque ni el Convento de las Dominicas ni el nuevo desarrollo propuesto están “conectados ni a la red municipal de saneamiento de Leioa ni a la red primaria de saneamiento perteneciente al Consorcio de Aguas”, ni se explica ni justifica la existencia de redes eléctrica y de telecomunicaciones, o que su existencia más o menos próxima “implique que el ámbito tiene las características necesarias para ser considerado potencial “Suelo Ubano o Urbanizable”.

De igual manera consideran dichas asociaciones que la Evaluación Ambiental Estratégica de mayo de 217 es inadecuada y contiene importantes déficits, dado que lo inicialmente aprobado “difiere sustancialmente” de lo contemplado en dicha Evaluación Ambiental, y que no se han solicitado diferentes informes de carácter obligatorio, por lo que consideran que ello “invalidaría la Resolución Ambiental adoptada y obligaría a tramitar una Evaluación ordinaria”.

Las alegaciones recogen los valores ambientales e impactos que el proyecto de modificación ocasionaría “la desprotección de un espacio natural y su conversión en Suelo Urbano o Urbanizable”, cuando “ha sido, precisamente, esta clasificación y protección lo que ha permitido mantener y mejorar las condiciones ambientales del entorno”.

Estudio de Movilidad inexistente y de viabilidad económico-financiera irrisorio

En su escrito apuntan otros aspectos a valorar, como  la organización de la movilidad generada y sus impactos ambientales y el estudio de viabilidad económico-financiera.

Respecto a la primera, las asociaciones señalan que “nos encontramos ante una falta absoluta de estudios y datos sobre movilidad inducida”, y que “no se contemplan en ningún sitio ni siquiera un cálculo aproximado de los usuarios potenciales de la actividad. Y menos su forma de desplazamiento y acceso”, cuando “resulta evidente que el acceso a las instalaciones será de forma mayoritaria mediante el uso de vehículos a motor privado”.

Sobre el estudio de viabilidad económico-financiera aportado “resulta no solo insuficiente, sino que puede calificarse de irrisorio”, limitándose a explicar en un folio, el coste de los honorarios de la redacción de la modificación y del proyecto de edificación y urbanización (240.000 euros), el coste de las obras de edificación (4.150..000 euros) y la Valoración inmobiliaria (cifrada en 4.500.000 euros), sin mayor explicación ni razonamiento, cifrando la viabilidad del proyecto en 110.000 euros, algo que “podría parecer de broma, si no hubiera por medio una cuestión tan importante como la desprotección y destrucción de un espacio natural protegido por el PGOU y digno de protección, para llevar adelante un negocio económico cuyo contenido y magnitud solamente las partes interesadas parecen conocer·.

Falta de Informes de otras administraciones interesadas y deficiente participación pública

En su décima alegación los organismos que agrupan a un buen número de residentes de las zonas más próximas al ámbito de actuación planteado señalan que “se ha obviado el conocimiento e informe de otras administraciones afectadas y con competencias. Informes que eran necesarios, en algunos casos por imperativo legal y en otros por conocimientos e interés sobre las implicaciones y consecuencias del proyecto”.

Consideran los autores de estas alegaciones que “la participación ciudadana en el Expediente se ha reducido a su mínima expresión, con actos rutinarios de obligado cumplimiento y sin recoger aportación, consideración o argumentación alguna acerca del proyecto, su objeto, su necesidad y su contenido”.

Incluso señalan que en sendas sesiones del Consejo Asesor de Planeamiento Municipal “se limita a “darle cuenta” de la tramitación de las modificaciones”, cuando su función es “emitir Informes sobre las cuestiones que se le someten por imperativo legal” de carácter favorable o desfavorable, “lo que no se ha hecho”.  También que, en el llamado “proceso participativo” se han “realizado dos “sesiones informativas abiertas” de las que se desconoce absolutamente su contenido”.

Sin análisis desde la perspectiva del interés público y la protección ambiental

Como conclusión, las Asociaciones Vecinales de San Bartolomé y Artatzagane y Auzotarrok  señalan que “en el Expediente no se plantea un verdadero análisis de alternativas viables y evaluables, desde la perspectiva del interés público y la protección ambiental, tal como exige la legislación de evaluación ambiental”, dado que “únicamente se hace una somera referencia a ello en el Documento Ambiental Estratégico”, cuando “cualquier tipo de propuesta de actuación” debe analizar, “desde la perspectiva del interés público y a partir de las alternativas más respetuosas con el medio ambiente y más adecuadas a las necesidades de l@s vecin@s y del municipio” las posibilidades de uso del edificio y los terrenos del Convento sin modificar su entorno natural y sin alterar su clasificación y calificación urbanística.

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Primera alegación de las asociaciones de la zona  Kurkudi 20191231 Alegaciones 1

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