Un centenar de personas asisten a la mesa redonda organizada por las Asociaciones de vecinos y culturales de la zona I También asistieron como oyentes dos personas ligadas a la empresa Grupo Atucha S.L., que siguieron atentamente el transcurso del acto I Proponen crear la plataforma SOS Kurkudi y llevar a cabo diversas iniciativas para paralizar el proyecto
El pasado viernes 22 de noviembre tuvo lugar en el Aula de Cultura de San Bartolomé la mesa redonda organizada por las Asociaciones de Vecinos de Artatzagane y San Bartolomé y la Asociación Cultural Auzotarrok. Cien personas se congregaron para seguir las intervenciones de los que aceptaron las invitaciones de las entidades organizadoras sin levantarse de sus asientos hasta que no terminaron las exposiciones.
Los organizadores informaron que habían invitado a participar al PNV y PSE, al arquitecto municipal, a EH Bildu y a Elkarrekin Leioa. Sin embargo, ni el PNV, ni el PSE, ni el arquitecto municipal aceptaron la invitación. El último, según informó la presidenta de la Asociación de Vecinos San Bartolomé, está a disposición de los vecinos que deseen informarse en las oficinas municipales. El PSE disculpó su inasistencia, y el PNV no contestó a la invitación que le hicieron los organizadores, si bien el concejal de urbanismo manifestó que ya habían informado a las asociaciones y no tenían nada más que decir. La intención de las entidades convocantes de sentar alrededor de la mesa a al menos un grupo político defensor del proyecto de recalificación de los terrenos del Convento de las Dominicas y al arquitecto municipal y a otro grupo contrario junto al abogado contactado por los entes vecinales de los barrios más cercanos a la zona no pudo ser. Quienes si asistieron, aunque no estaban invitados a participar en la mesa redonda, fueron un par de personas ligadas a la empresa promotora de la reconversión en Club Deportivo privado de esos terrenos del monte Kurkudi, el Grupo Atucha S.L., que siguieron muy atentamente las intervenciones de los ponentes y de algunas intervenciones posteriores del público asistente.
Presentación de las asociaciones convocantes
Las Asociaciones convocantes desmintieron que hayan sido informadas por el Ayuntamiento sobre el proyecto, manifestando que del tema se han informado por los medios de comunicación. También informaron que se habían reunido el 11 de noviembre con el alcalde y el concejal de urbanismo, donde les mostraron un plano «diferente al que está colgado en la web, en el portal de transparencia municipal».
Las asociaciones de los barrios cercanos consideran que existe «un grave problema de desinformación», por lo que decidieron organizar la mesa redonda celebrada el pasado viernes. En la presentación realizada hicieron un pequeño recorrido por la normativa existente que tiene incidencia en el proyecto de recalificación presentado por el Grupo Atucha S.L. y mostraron su preocupación por el impacto paisajístico y medioambiental y por la afección que el aumento del tráfico generado por la puesta en marcha del Club Deportivo privado que se propone para dicha parcela una vez recalificada tendría en la zona. También señalaron que, al parecer, el propio proyecto ha sido modificado por la empresa promotora respecto al inicialmente presentado. Consideran, además, que es un error plantear la instalación de un Club Deportivo privado en un suelo no urbanizable de especial protección del paisaje.
Por ello, las tres Asociaciones plantearon la creación de la plataforma SOS Kurkudi, solicitar adhesiones de otras asociaciones, una recogida de firmas, presentar alegaciones a la aprobación inicial de la propuesta, difundir una declaración al respecto, una marcha reivindicativa a la zona de especial protección, divulgar y denunciar en los medios de comunicación el proyecto, y otros actos.
Mari Jose Peleteiro: La parcela recalificada «no se encuentra insertada en la malla urbana»
Maria José Peleteiro, concejala de EH Bildu, empezó por apuntar que existe un desconocimiento del tesoro natural de la zona protegida del monte Kurkudi, para lo que se basó en un trabajoo elaborado por los biólogos Zigor Arteaga y Urtzi Goiti.
La edil de EH Bildu señaló que ni su grupo ni Elkarrekin Leioa tienen «un problema con la intención de crear un equipamiento deportivo privado en el municipio, sino con que lo pretendan situar en una zona no urbanizable de especial protección del paisaje». Recordó que el PGOU de Leioa hace una reserva de suelo no urbanizable en las laderas del Kurkudi, Kurkutxu y Bidaurrazaga, «a fin de mantener una zona rural y forestal que nivele el equilibrio ecológico y de usos» y que lo hace «en razón de su excepcional valor agrícola, forestal o ganadero… de sus recursos paisajísticos, históricos o culturales, o para la defensa de la fauna, la flora o el reequilibrio ecológico».
Peleteiro defendió la riqueza ecológica y medioambiental del monte Kurkudi y la parcela donde se encuentra el convento de las Dominicas, «ocupadas por varios ecosistemas identificados y descritos en el Catálogo de Servicios de los Ecosistemas de Bizkaia» que son asociados a toda una serie de servicios a la sociedad (diversos tipos de abastecimiento, regulación del ciclo hidrológico, culturales) y señaló que las parcelas afectadas por la recalificación del suelo incialmente aprobada forman parte de un corredor ecológico comarcal de gran importancia en la Margen Derecha y Uribe Kosta.
La edil manifestó también que el propio Avance del Plan Territorial Parcial publicado en el 2017 señala la necesidad de actuar para limitar la presión urbana sobre las zonas naturales con el objetivo de «proteger el patrimonio natural y frenar la pérdida de biodiversidad», «preservar y poner en valor, mediante la definición de áreas agrarias estratégicas» del habitat rural, frente a las intervenciones urbanísticas y de infraestructuras, etc., y recordó que el grado de artificialización y/o urbanización de Leioa supera el 50% de su territorio, «y se verá incrementado en el inmediato futuro».
También señaló que para cambiar la calificación de una zona no urbanizable y convertirla en urbana se precisa que se encuentre «insertada en la malla urbana», lo que no es el caso. La concejala argumentó igualmente que si se urbanizase la parcela objeto de discusión ahora, «todos los alrededores pasarían a estar integrados en la malla urbana».
Frente a ello contrapuso la doctrina jurídica basada en el «principio de no regresión planificadora en relación con la calificación de suelos de especial protección» basado en que «el suelo es también un recurso natural, escaso y no renovable» y en que «todo el suelo rural tiene un valor ambiental digno de ser ponderado y la liberalización del suelo no puede fundarse en una clasificación indiscriminada».
Carlos Alonso: «La reclasificación de los terrenos no es un derecho de la propiedad ni un deber del Ayuntamiento»
El abogado ambientalista Carlos Alonso empezó por recordar que «la reclasificación de los terrenos no es un derecho de la propiedad ni un deber del Ayuntamiento, sino una opción que debe justificarse en relación a la ordenación urbanística superior», entre otros el PGOU, ya caducado en su vigencia.
«Cualquier modificación y reclasificación exige justificar la conveniencia y el interés público y social que aconseja dicha modificación, cosa que no se justifica en la documentación hecha pública», apuntó también el abogado.
Alonso señaló que «tampoco hay una evaluación y estudio de diferentes alternativas, algo que se zanja de un plumazo en la Evaluación de Impacto Ambiental», y, más aún, «tampoco se tiene en cuenta, aunque se cite en dicha Evaluación, que en el Plan Territorial Sectorial Agroforestal una parte de la parcela está considerada de alto valor estratégico».
Por si ello no fuera suficiente, según señaló el abogado experto en cuestiones ambientales, la documentación publicada no tiene en cuenta la necesidad de estudiar la integración paisajística del proyecto dentro de la zona en que se ubicaría «para diagnosticar el valor paisajístico de la zona, ponderarlo en la toma de la decisión final y, en su caso, ver los valores más importantes a conservar».
Asimismo, Alonso recordó que «obvia también la cuestión de la movilidad, porque ni tan siquiera se analiza qué expectativas de uso o atracción pudiera tener ese espacio, que es lo mínimo que se tiene que hacer para conocer los distintos impactos que generaría». Pero lo que está claro es que el principal, si no único medio de acceso sería el vehículo privado.
Por último el abogado consideró que la evaluación ambiental en su día realizada no va acompañada «de la solicitud de informes preceptivos que la invalidarían, dado que se obviaron administraciones públicas de obligada consulta».
