Jon Aranbarri I Periodista
En las últimas semanas el problema de la vivienda se ha convertido en uno de los temas más debatidos de la actualidad política local.
El sorteo de las 11 viviendas de protección oficial y las 4 tasadas municipales llevado a cabo por la empresa promotora del área de Telleria vacante, con toda la polémica suscitada, si algo ha puesto de manifiesto es la perentoria necesidad de una vivienda digna a la que muchas personas no pueden acceder si no es mediante la fórmula del alquiler. Y no el alquiler entre particulares, cuyas cifras (entre 700 y 900 € mensuales o más en nuestro municipio) lo hacen inalcanzable en tiempos de precariedad laboral y salarios que ya, frecuentemente, no alcanzan el listón del mileurismo.
Por eso, promover el acceso a viviendas dignas de promoción pública en alquiler debiera ser una prioridad de las autoridades públicas, sean éstas autonómicas o locales. Sin embargo, en Leioa, las promociones de viviendas públicas suelen ser, en su inmensa mayoría, en régimen de compra –es decir, en propiedad–. Otro tanto ocurre con las denominadas viviendas tasadas municipales, con unos precios por encima de las de protección oficial.
La crisis social provocada por la crisis de la banca y las medidas de ortodoxia neoliberal de corte claramente antisocial han provocado que incluso las promociones de viviendas de protección oficial y tasadas municipales en régimen de propiedad resulten difíciles de vender. Esta es una de las razones de que, además de las obligaciones legales existentes en la actualidad en la Comunidad Autónoma Vasca, se hayan promovido un número a toda vista insuficiente de viviendas de promoción oficial y tasadas municipales en régimen de alquuiler. Que para 11 viviendas se hayan presentado 249 solicitudes de 168 personas empadronadas en el municipio, 7 que trabajan en él y 55 de otros municipios, y para las 4 tasadas se contabilizasen 83 solicitudes de 62 empadronados en Leioa, 2 que trabajan en la localidad y 13 residentes en otros municipios evidencia la urgente necesidad de promvoer vivienda de promoción pública en alquiler.
Por eso resulta difícilmente entendible que, por una parte se reclame a las autoridades públicas locales y autonómicas garantizar el derecho a una vivienda a la población, o incluso solicitar modificar la recientemente aprobada Ley de Vivienda autonómica y anular los sorteos realizados por la empresa Artirent XXI S.L. y, por otro, pedir que los locales vacíos existentes en el municipio (bajeras fundamentalmente) se puedan destinar a uso residencial. La primera pregunta que surge es a quién beneficiaría esa hipotética medida: ¿a los necesitados de una vivienda digna o a los propietarios de dichos locales actualmente desocupados –si no están siendo usados por las cuadrillas de jóvenes a quienes se los alquilan sus propietarios sin cumplir, en la mayoría de los casos, las condiciones legales establecidas–? La respuesta parece clara.
Por lo tanto, dejémonos de ocurrencias e inquémosle el diente a la importante e insuficentemente atendida necesidad social: una vivienda digna donde poder vivir, con todo el derecho. Y en alquiler.
P.D: De paso, sería bueno que el Ayuntamiento ponga en marcha –a la mayor brevedad y siempre dentro del actual año 2018– la medida aprobada y contemplada en los Presupuestos municipales del 2018 de ayudas a la emancipación juvenil dirigidas a subvencionar el alquiler de una vivienda a la población jóven de la localidad.
