El modelo de confinamiento impuesto por Madrid y París empeora las condiciones de vida de las clases populares y protege los intereses del capital

LAB

Hoy se cumplen 40 días desde que el Gobierno de Madrid ordenara el confinamiento y tras el Consejo de Ministros del Gobierno de España de ayer en el cual se anunciaban nuevas condiciones, desde la secretaría de Acción Social del Sindicato LAB nos gustaría analizar brevemente la situación social provocada hasta ahora por el encierro así como compartir con la opinión pública una serie de reflexiones:

PRIMERO. Este confinamiento es un encierro a medida del capital. Un encierro que está dejando sin protección a la clase trabajadora y los sectores populares y que sufrimos con dureza. Las medidas de ayer lo ratifican.

Aunque el confinamiento es una medida real ante la crisis sanitaria, se está gestionando en base a criterios puramente económicos. Los recortes en el sistema sanitario por parte de los diferentes gobiernos han obligado a este modelo de encierro y los propietarios de las principales empresas tienen el poder de decidir y condicionar su naturaleza.

El último ejemplo es el resquicio abierto ayer para sacar a niñas y niños a la calle y su rectificación horas después. La actitud del gobierno de Sanchez, al igual que Urkullu con el decreto para cerrar las ferias agrarias demuestran lo que decimos: las decisiones no se están tomando atendiendo criterios sanitarios.

Y no solo eso. Estos acontecimientos demuestran que mediante la presión popular se pueden cambiar las decisiones políticas.

SEGUNDO. Las condiciones de confinamiento no son iguales para todas las personas. No todas y todos tenemos aseguradas unas condiciones básicas de vida dignas.

En este largo mes hemos visto el lado mas crudo del encierro. La relación de hechos es extensa y para muestra, un botón:

Además de la larga lista de muertes por virus, en este período de cuarentena hemos conocido otras muertes, como la de un ciudadano en el albergue de personas sin hogar del Ayuntamiento de Bilbao y otro en la cárcel de Zaballa.

A la ya conocida precaria situación de las personas trabajadoras de las residencias, se suma la severa situación de las personas usuarias de las mismas. La irreverente declaración de Unai Rementeria ha puesto de manifiesto el drama que se vive en el lugar: se están amontonando cadáveres, no está claro cuántos son, y salvo algunos ayuntamientos como Orereta, no ha habido una iniciativa institucional para proteger a las personas mayores. Ni para asegurar sus condiciones económicas mediante las pensiones ni para su cuidado.

En situaciones similares se encuentran personas con diversidad funcional, con problemas psicológicos o en pisos tutelados y/o residencias por motivos de dependencia u otros. Todos estos cuidados especiales que para la mayoría son invisibles, con el COVID 19 para los gobiernos son directamente inexistentes.

Los gestores institucionales han marginado aún mas a los colectivos que se encuentran en la periferia del sistema aprovechando la crisis sanitaria. Población LGTBI+, quienes trabajan en negro y sin contrato, falsos autónomos, o personas migrantes. Han empapado de miedo a una sociedad educada en el racismo, la homofobia y el clasismo y han abierto las puertas al autoritarismo. Los márgenes están ahora más lejos del centro.

Si no fuera por la iniciativa de baserritarras, ciudadanos y ayuntamientos, los productores y productoras tendrían cerradas los lugares de venta directa como ferias y plazas. Mientras tanto, varios grandes almacenes han comenzado a abrir también los domingos y festivos.

La actitud agresiva de Militares, Guardia Civil o de las policías autonómicas y locales es tremenda. Cada día se están registrando cerca de 2.000 identificaciones y 500 multas, la lista de vídeos de abusos policiales va aumentando cada día y en todos se perciben factores similares: control social, disciplinación y autoritarismo. Todavía no se ha visto a la policía inspeccionar el cumplimiento de las medidas sanitarias en las empresas y cuando no sea así deteniendo a empresarios. En una situación en la que la inspección de trabajo no está cumpliendo su labor, tal vez deberían hacerlo.

En definitiva, las personas que han perdido su empleo y se han quedado sin ingresos suficientes, personas desempleadas, personas sin techo, las mujeres que trabajan a domicilio, las que han sufrido la violencia machista, quienes no pueden llegar a fin de mes pese a tener un empleo o las personas mayores que mueren en soledad y ni siquiera pueden tener una despedida digna son quienes más están sufriendo esta situación.

No podemos dejar de mencionar a los presos políticos vascos y a sus familiares. Cuando la dispersión tiene menos sentido que nunca, los enfermos y ancianos en situación de vulnerabilidad siguen en prisión. Queremos reivindicar que les queremos una casa, vivos y sanas.

TERCERO. Han construido una falsa dicotomía. El conflicto está entre la salud y la economía de la mayoría social y los beneficios de unos pocos. Estamos viviendo un crudo reflejo del conflicto entre capital y vida.

El virus COVID-19 no sabe de clases sociales, pero las decisiones tomadas por los diferentes gobiernos, sí.

Las únicas medidas preventivas reales que se han tomado son para que los beneficios de las élites económicas se vean lo menos afectadas posible. Así, se está alargando el confinamiento de todos y todas y tanto desde Madrid como desde nuestras instituciones se han aplicado decisiones en la misma dirección.

Mientras Ortuzar, Esteban Tapia y el propio Urkullu celebran haber limitado la decisión de paralizar la producción innecesaria y la han hecho retroceder, con cinco minutos en la nueva web abierta por el Gobierno Vasco basta para ver cuál es la situación: 6 nuevas líneas de ayudas aprobadas y 3 pendientes de aprobación. Y el Gobierno de Navarra camina en la misma senda.

En medio de esta crisis social llamada crisis sanitaria, las medidas de protección social no son una prioridad para Urkullu ni Chivite. Los presupuestos para estas lineas de ayudas de excepción son solo unos pocos metros de inversión económica en las obras del Tren de Alta Velocidad.

Todas las medidas de protección adoptadas en Madrid han sido insuficientes y ni desde Gasteiz ni Iruñea han querido mejorar dichas condiciones. Quien crea que es por incapacidad competencial ha debido de disipar toda duda al ver al PNV como acérrimo defensor del autogobierno cuando se tocan los intereses de la patronal. El PNV se acuerda de la defensa del derecho a decidir cuando está en juego el dinero de sus amiguetes en los consejo de administración de las grandes empresas, no cuando las condiciones de vida de los y las trabajadores están comprometidas.

Desde la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria hemos propuesto un paquete de medidas sociales de diez ejes para hacer frente a la situación de excepción. Los gestores institucionales no han asumido ninguno de las medidas apoyadas por la mayoría sindical y decenas de agentes sociales.

Por eso queremos denunciar que todas estas decisiones perjudican la salud y la economía de las personas trabajadoras. La imposibilidad de pagar el alquiler, la factura de la luz, el gas, el agua, internet… el miedo a que se mantenga o no el empleo y el propio estado de alarma provocan situaciones precarias. Esta inseguridad para el desarrollo de un proyecto de vida digno provoca ansiedad, depresiones y otros problemas psicológico-afectivos.

Proteger la salud no es sólo tomar medidas para intentar que el Coronavirus no nos contagie, sino apostar por garantizar las condiciones de vida de la gente.

CUARTO. Como hasta ahora, esta crisis tiene cara de mujer.

La mujer se ha visto más afectada por las consecuencias de la crisis sanitaria. El trabajo de cuidado a cargo de las mujeres nos está haciendo en muchos casos insoportables estos tiempos de confinamiento. Tanto las familias como las personas dependientes tienen mayor riesgo de enfermar. Y todas ellas son mujeres. Además, estamos viendo situaciones verdaderamente denunciables, como la de los trabajadores de limpieza, cajeros de supermercados o de las residencias de personas mayores. Mientras estas trabajadoras tienen que proteger sus cuerpos con bolsas de basura, hemos visto a los militares desinfectando los asientos de piedra de la calle con todo su equipo de protección.

La mayoría de las personas que trabajan en estos trabajos necesarios y básicos trabajan en condiciones salariales y precarias. Y cómo no, al interseccionarse otras opresiones en el cuerpo de las mujeres las consecuencias son aún peores, como el de las mujeres migrantes.

A todo ello hay que añadir que la violencia machista no ha desaparecido y que en muchos casos ha obligado a varias mujeres a permanecer 24 horas con sus agresores. Durante el confinamiento hemos tenido noticias semanales de agresiones machistas en Euskal Herria.

QUINTO. El problema no es nuevo, lo que ha cambiado es el contexto. El COVI19 está acelerando la crisis múltiple que existía, pero la emergencia climática, la crisis económica y de cuidados así como la crisis social ya la vivimos desde antes.

Estamos viendo más claramente qué es lo que realmente es básico y lo que hay que cuidar a causa de los coronavirus, lo que nos obliga a compartir una reflexión final. Esto no es un simple problema de gestión, es el propio sistema el que está enfermo y nos enferma. Los actuales gobernantes pueden hacer una mejor o peor gestión de este sistema, pero seguir estructurando la vida y la sociedad a favor del capital sólo provocará un empeoramiento de la situación.

Necesitamos un sistema de protección fuerte, un sistema de cuidados público y saludable, que responda a situaciones de emergencia, con recursos suficientes. Para sostener la vida, necesitamos un sistema que la haga sostenible y habitable. Cuando hablamos de poner la vida en el centro, nos referimos a poner al servicio de las personas, de la comunidad y del planeta los trabajos de producción y reproducción. Estamos hablando de una organización social que favorezca una lógica distinta al mercado y a los intereses económicos.

No volveremos a la situación anterior al virus. Así lo dicen aquí y allá expertos de diversos ámbitos, y así lo creemos nosotras. Los gestores del sistema capitalista heteropatriarcal querrán construir una nueva normalidad a favor del capital. Es más, ya lo están haciendo. Extendiendo el miedo, interpelando la responsabilidad individual, propiciando nuevos dispositivos de control social y analizando nuevas medidas económicas.

En la anterior crisis, los bancos fueron rescatados y las personas desprotegidas. Nos vendieron que vivíamos por encima de nuestras capacidades y que teníamos que apretarnos el cinturón. Esta vez, con la excusa de la recesión económica, intentarán salvar los beneficios de los más poderosos. Otra vez, a nuestra cuenta.

A día de hoy, desconocemos la dimensión económico y social de esta crisis, pero somos conscientes de que las recetas y la política de gestión de la crisis anterior no nos sirven. LAB está dispuesta a hacer frente a la situación.

UNA ÚLTIMA REFLEXIÓN. Necesitamos una transición ecosocialista. Necesitamos una nueva organización social al servicio de las personas, de la comunidad y del planeta.

Tenemos que extraer lecciones de las crisis anteriores. En este contexto de crisis, las múltiples iniciativas populares surgidas en este contexto de crisis, como las redes de cuidados, al igual que la fuerza generada en la Huelga General de 30 de enero, confirman la voluntad y la fuerza por un cambio social en nuestro territorio. Existe una alternativa para construir una nueva normalidad.

Necesitamos la capacidad de poder gobernarnos para vehiculizar ese cambio social. Necesitamos avanzar en la lucha por una soberania plena que garantice tener en nuestras manos los instrumentos necesariols para hacer frente a esta crisis.

La única utopía, por tanto, es considerar viable mantener el actual esatado de las cosas. Aprovechemos esta situación para dar paso a la transición ecosocialista.

22 de abril de 2020

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